Por Miguel Saredi, Ex Dip Nac. Secretario de Planificación Operativa de la Municipalidad de La Matanza. Presidente de la Mutual Círculo de Legisladores de la Nación.

En medio de un panorama político convulso, las medidas del Gobierno nacional generan un profundo malestar en diversos sectores sociales.

En estos últimos días el recorte de los fondos destinados a la educación (FONID) y al subsidio del transporte, han desencadenado una nueva ola de críticas, ya que estos son pilares fundamentales para muchos trabajadores.

Las medidas adoptadas por el Gobierno nacional representan una avanzada sin precedentes en la historia democrática del país, afectando a diversos sectores de la población: trabajadores, pequeñas y medianas empresas, docentes, jóvenes, niños/as y jubilados se encuentran en el epicentro de esta crisis, viendo amenazados sus derechos y su bienestar, pero tampoco podemos sorprendernos ante la complejidad de la situación actual.

En las elecciones, se presentaron dos (2) modelos: el del PRO y Juntos por el Cambio, que a partir de 2018 viró hacia la derecha y adoptó posturas más liberales, coincidiendo con ideas libertarias y llegando a un entendimiento con Javier Milei; y el del Peronismo.

El modelo del peronismo aboga por el crecimiento mediante la industrialización y la distribución, aunque enfrenta problemas significativos como la ineficiencia en la gestión y errores por parte de funcionarios. A pesar de estas dificultades, siempre ha buscado seguir ese camino. En contraste, la propuesta de Macri, Bullrich y Milei es orientada hacia el crecimiento mediante la acumulación y el derrame económico.

En mi concepción, ese derrame se traduce en limosnas, salarios bajos, tarifas elevadas y una importación desenfrenada, lo cual resulta en el cierre de numerosas fábricas y talleres locales. Se observa una distribución insuficiente en el modelo de acumulación, contrastando con experiencias previas en diferentes momentos históricos.

Sin embargo, en estos últimos meses, se suma a esta problemática la impericia política, la ausencia de diálogo y la incapacidad para construir consensos mínimos. Se evidencia un claro desprecio por parte del Gobierno hacia la política, incluso hacia nuestro sistema federal, generando conflictos con gobernadores e intendentes.

El recorte de subsidios y la modificación de la coparticipación plantean un escenario de confrontación entre el Gobierno central y las provincias, socavando los principios de autonomía y cooperación que deberían regir en un país democrático. En estas horas, los vicegobernadores de todo el país, incluida la vicegobernadora de nuestra provincia, Verónica Magario, han elaborado un importante documento. La situación toma un giro despiadado, como expresan los vicegobernadores preocupados por la dirección económica tomada por el Gobierno. Las decisiones adoptadas, sin tener en cuenta las implicaciones a nivel regional y sectorial, generan incertidumbre y desconfianza en la gestión de la economía nacional.

En este contexto de tensiones y descontento generalizado, se espera que el Gobierno nacional reflexione sobre las consecuencias de sus acciones y busque soluciones que fomenten el diálogo, la inclusión y el respeto, así como la construcción de consensos.

En muchas ocasiones, se comunica y se solicitan gestos a la oposición, que en realidad ha demostrado una mayor responsabilidad de lo que muchos pretenden. Muestran paciencia y moderación frente a los continuos agravios del Presidente.

Desde el peronismo y diversos sectores del radicalismo, así como de la denominada oposición dialoguista, sin mencionar a intendentes y gobernadores, se muestra una mayor preocupación por la gobernabilidad y sus reacciones en comparación con el propio Gobierno Nacional.