Es un hecho que la pandemia ha empobrecido las economías de América Hispana. Según el informe del Panorama Social de América Latina y Caribe -CEPAL-, del 22 de noviembre de 2022, proyecta que 201 millones de personas (32,1% de la población) viven en situación de pobreza y 82 millones (13,1%) en estado de indigencia. Asimismo, hace mención a diversas situaciones como la crisis educativa, los desiguales impactos laborales de la pandemia entre hombres y mujeres, sobre los avances en el cumplimiento de la Agenda 2030-ONU. Aquel escenario viene preocupando a diversos organismos internacionales.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 26 de febrero de 2023, ha presentado su informe sobre «Mecanismos Nacionales de Implementación de Recomendaciones y Decisiones Internacionales en materia de Derechos Humanos” «, que son una serie de “recomendaciones y decisiones” para nuestros gobiernos, en el marco de su planificación estratégica 2023-2027. En su art. 270 se hace mención a la complejidad en el cumplimiento e implementación en la ejecución de las “recomendaciones”, que realiza la OEA. La que identifica, al menos, cinco retos que limitan el pleno y efectivo acatamiento de estas indicaciones, entre ellos, el FEDERALISMO: un proceso de “fragmentación” que impide que se desarrollen criterios de comunicación entre las diversas ramas e instituciones del poder público.
Escenario que genera, para los directivos del Organismo americano, consecuencias negativas en distintos órdenes y niveles de gobierno. La Comisión Interamericana reconoce que esta fragmentación tiende a generar procesos asimétricos entre distintas ramas del poder y a generar incentivos que afectan a la lógica de cumplimiento de recomendaciones internacionales.
Es decir, para la OEA, el carácter FEDERAL que diversos Estados Americanos (Brasil, México, Argentina) asumen como modelo de distribución competencial contribuyen al fenómeno de fragmentación. En Estados con estructura federal, con provincias autónomas e independientes y municipios autónomos, la implementación de decisiones de los organismos internacionales, se enfrenta a un esquema de segmentación que coloca en riesgo su adecuada materialización. La descentralización de los modelos federales genera retos particulares para la implementación y cumplimiento de decisiones internacionales. Tanto la OEA como ONU no fueron creadas para defender o atacar ningún sistema de gobierno en particular, sino para permitir el diálogo pacífico entre alternativas divergentes.
No obstante, la OEA por su parte limita lo adoptado en la ONU al aprobar la Carta Democrática en su Asamblea General en Lima, el 11 de septiembre de 2011. La carta habilita a la OEA “en caso de ruptura del orden constitucional, o golpe de Estado, a tomar las sanciones y las medidas que considere adecuadas”. Lo que no implica que tenga plena autonomía e independencia con respecto a Naciones Unidas. El 19 de abril de 2016 la OEA firma una declaración para cooperar, con los gobiernos de América, en el logro del cumplimiento del programa de la Agenda 2030-ONU. Ante los distintos informes que los gobiernos consultados han presentado, sobre retrocesos y avances de los objetivos de la Agenda, concluyeron que las autonomías provinciales y municipales están generando grandes inconvenientes para el cumplimiento de aquellos objetivos.
Ahora, ¿qué decisión tomará el gobierno argentino? ¿Qué actitudes asumirán los gobernadores y los intendentes si avanzan sobres sus autonomías? ¿Tendremos una reforma constitución que limite a su art.1°? Se abren muchos interrogantes para un régimen político que no da certezas y seguridad jurídica.
Luis Gotte La pequeña trinchera Co-autor de “Buenos Ayres Humana, la hora de tu comunidad”.