Después de la feria, el expediente se movió de juzgado
La investigación judicial por la licitación de la obra del Paseo del Bajo cambió de manos en las últimas semanas. Es que el juez que quedó sorteado para llevar adelante la investigación, Sebastián Casanello, envió el expediente a su par Claudio Bonadio, el mismo que investiga la causa conocida como los cuadernos de la corrupción kirchnerista.
Es decir que en el mismo jugado en donde se investiga el cobro de coimas por parte de la administración de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner también se apunta a dilucidar si existieron favores o no para beneficiar a la empresa del primo del presidente por parte del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
El motivo del envío del expediente, según pudo saber BigBang de fuentes judiciales, tuvo que ver con que después de que se publicó en este medio las irregularidades en la licitación, se presentó una denuncia que recayó en el juzgado de Bonadio. Esa presentación fue realizada antes de que el titular de las Procuraduria de Investigaciones Administrativas (PIA), Luis Rodríguez, elevó la denuncia que realizó la presidenta de la Auditoría General de la Ciudad, Cecilia Segura.
En su denuncia, Rodríguez remarcó que existieron una serie de irregularidades en torno a la licitación del Paseo del Bajo entre las que se encontró el cambio de reglas a la hora de abrir los sobres que habrían favorecido a los intereses de la constructora IECSA, que en 2016 (cuando se licitó la obra) era propiedad del primo del presidente Mauricio Macri, Angelo Calcaterra. Ese expediente no es el único que tiene como actor central a Calcaterra en el juzgado de Bonadio. El primo de Macri es uno de los protagonistas de la causa de los cuadernos del ex chofer Oscar Centeno, donde declaró en calidad de arrepentido y aportó información sobre el supuesto pago de coimas para financiar las campañas políticas del Frente para la Victoria (FPV).
En el juzgado de Bonadio ya se encuentra toda la documentación de la licitación de la obra luego de una serie de requerimientos de información que solicitó la fiscal Alejandra Mangano. Pero todavía no pudo terminar de ser digitalizada para su análisis, cuando hace más de un mes que se encuentra en el juzgado. En la mira de los investigadores estará terminar de saber efectivamente cuánto fue el monto que ofertó Corsan-Corvian (Isolux) por el tramo C de la obra.
Cabe destacar que cuando se aprobaron los pliegos de la licitación, por un total de US$ 600 millones, se decidió que la autopista se divida en tres tramos, de los cuales el C el más caro. En la previa a la presentación de las ofertas era un secreto a voces que Corsán-Corviam había comenzado a hacer ofertas muy bajas en diferentes licitaciones para poder hacerse de una cartera de clientes.
El objetivo del nuevo management de la empresa, el dúo conformado por el Banco Santander y la aseguradora La Caja, era poder revalorar la filial argentina de Isolux después del escándalo judicial en el que se vio involucrada en México y España por el pago de soborno por lo que fue bautizada como la “Odebrecht española”.
En ese contexto, cuando llegó la hora de la apertura de las ofertas económicas, Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA) emitió una serie de circulares con las que cambió el orden. El tramo C pasó a lo último y primero se licitó el A, que era el más barato; quedó en manos de Corsán-Corviam que también presentó ofertas para los otros dos (el B y el C).
De confirmarse que esa oferta fue menor que las de su competidores habría un serio indicio de que el cambio en el orden se trató de una maniobra para favorecer a una empresa cercana a Macri. «Al momento de emitir esa circular se habían presentado todas las ofertas y los sobres 2 estaban todos cerrados, por lo que no había forma de direccionar el proceso. Así que de ninguna manera se hizo nada para alterar el proceso, ni los ganadores», sostuvieron desde la cartera de Desarrollo Urbano y Transporte ante la consulta de Big Bang.
Es por eso que Bonadio no sólo investiga el rol que tuvo AUSA sino también el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el ministro de Desarrollo Urbano y Transporte, Franco Moccia, y el ministro de Transporte de Nación, Guillermo Dietrich.
Fuente BigBang.com