Es otra vuelta de tuerca (ahora en la instancia máxima) de la causa conocida como “aportantes truchos”, que comenzó a ventilarse en 2018. Además de gobernadora Vidal era la presidenta del PRO a nivel bonaerense. Un caso que se inicia en Ituzaingó Corría el invierno del año 2018 cuando Osvaldo Marasco invitado por La Ciudad, habló por primera vez de aportes truchos en la campaña de la ex gobernadora María Eugenia Vidal. 

En las elecciones legislativas del 2017. En aquel momento, se hablaba solo de los candidatos de Cambiemos en toda la provincia de Buenos Aires que habían simulado aportes a la campaña pero que en realidad eran falsos.

Entre estos aportantes falsos figuraban los candidatos a concejales de Cambiemos en Ituzaingó. “El dinero de la campaña, se retiraba de una oficina que Jorge Macri tendría en la Avenida Libertador al 100, frente al Carrefour de Vicente López: “Nadie aportó un peso, ni siquiera los dirigentes que actualmente están en Cambiemos y que hoy son concejales.” decía Marasco aquella vez.

“Como dato anecdótico y que prueba que la lista de aportantes se copió de la que entregamos en la Junta Electoral es que el Apellido de Sergio Crego. candidato a concejal  y  luego concejal electo ese año, estaba mal escrita (figuraba como Grego). La Junta electoral nos intimó a que la corrigiéramos y eso hicimos. En la lista de los aportantes quedó como Grego,”denunciaba Marasco  A posteriori y tras una investigación del periodista Juan Amorin y una denuncia judicial de Teresa García, quedó en evidencia que Cambiemos también utilizó presuntos aportantes que no estaban en condiciones económicas de entregar las sumas que figuraban en los registros. Otros directamente ni aportaron.

Sus nombres fueron utilizados sin permiso. Amorin detectó 800 identidades coincidentes con beneficiarios de planes de Anses. Intervino el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak, que subrogaba el juzgado electoral vacante en ese momento, y después tomó el asunto Ramos Padilla, en funciones desde 2021.

La Cámara revisa y condena Ante el fallo adverso del Juzgado de primera instancia, Cambiemos apela y la Cámara, integrada por Santiago Corcuera, Alberto Dalla Vía y Daniel Bejas, acaba de decidir que sigan adelante “las actuaciones pertinentes, a fin de determinar las eventuales responsabilidades personales que pudieran corresponder de acuerdo con el procedimiento establecido en los artículos 146 y concordantes del Código Nacional Electoral”.

El fallo de la Cámara Nacional Electoral, al que tuvo acceso este diario, avala la investigación del juez, sobre todo en lo relacionado con “personas que negaron realizar el aporte que la agrupación había informado”. Rescata que Ramos Padilla obtuvo testimonio de 98 personas a las que llamó. De ellas “47 denunciaron penalmente su aparición como aportantes de campaña (…) y las 49 restantes fueron citadas ante este Juzgado para que formularan la expresión de consentimiento de los aportes privados”.

Una parte, 19, recibía planes sociales. De las 19, “salvo dos personas las restantes negaron haber realizado aportes de campaña”.

Para la Cámara está bien realizada la pesquisa sobre monotributistas cuyo aporte “excedía el límite de facturación mensual promedio”, máxime cuando una parte negó haber aportado nada.

En otra parte, el fallo recuerda que Cambiemos elevó al juzgado rectificaciones de los listados de aportantes pero no justificó por qué en ellas le resultaba necesario excluir a 1500 aportantes y sumar otros 322. Este último grupo carecía de recibos. Aceptar esa maniobra habría significado sentar un precedente: bastaría con hacer aparecer nuevas personas como aportantes y excluir a las que “erróneamente se excluyeron”.

Sería una violación del espíritu de la ley. El punto número 10 del fallo dice que “las circunstancias expuestas ponen de manifiesto que el señor juez de grado –a la luz de la san acrítica– llevó a cabo una efectiva valoración de los elementos probatorios reunidos para la resolución del caso, así como también de las conclusiones del perito auditor”. Como Cambiemos apeló, la Cámara Nacional Electoral opina que “los apelantes no aportan elementos válidos” contra la resolución de Ramos Padilla. Los camaristas se internan en otras cuestiones de fondo.

Dicen que el alcance del término “publicidad” al que aluden las normas “debe interpretarse en el sentido de someter a un control efectivo las cuentas de los partidos políticos –y no en el de dar mera noticia de ellas, pues de lo contrario tal exigencia estaría vacía de contenido–, lo cual constituye un principio que no puede soslayarse sin afectar el control de los actos de gobierno inherente al sistema republicano”.

La transparencia sirve a los votantes, según el fallo, no solo para saber si pudo haber algún acto de corrupción sino “para conocer los intereses con los que (un candidato) se identifica y detectar cualquier favor post-electoral a cambio”. En otra parte refrenda las conclusiones de Ramos Padilla cuando dijo que “la agrupación no subsanó las observaciones formuladas respecto a los gastos de propaganda en la vía pública y en internet, atento a que no efectuó comentarios ni acompañó información detallada de las pautas publicitarias ni medios contratados”.

Una de las irregularidades habría estado relacionada con carteles de Verdad Publicidad Sociedad Anónima, con imágenes de Graciela Ocaña y “Toty” Flores en el kilómetro 8 de la autopista Buenos Aires-La Plata.

Fuente: LaCiudadWeb

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Por Emilia Delfino/ Perfil.

En la última semana, la causa judicial por los aportes de campaña de la elección presidencial de Mauricio Macri pasó por tres jueces y aún no está confirmado cuál de los magistrados con sede en los agitados tribunales federales quedará al mando de un caso que ya presenta indicios claros de que el Presidente llegó al poder con un informe de recaudación de campaña con varios puntos flacos.

Un relevamiento de la ONG La Alameda y el dirigente Gustavo Vera revela que varias de las empresas cuyos empleados y ejecutivos figuran aportando a la campaña de Cambiemos en 2015 ganaron  contratos millonarios con el Estado porteño y nacional. La Justicia deberá investigar si esos aportes son falsos. Además, detectaron que el oficialismo presentó en esa campaña aportes de 1.147 empleados del gobierno porteño.

El juez Sebastián Casanello tenía varias hipótesis de investigación, antes de ser apartado del expediente el lunes por el presidente de la Cámara Federal, Martín Irurzun.

La información ahora aportada por la ONG pone el ojo en dos de esas líneas: presuntas dádivas en forma de contratos y licitaciones a empresas proveedoras del Estado porteño que habrían canalizado fondos a la campaña a través de sus ejecutivos y empleados; y la presunta utilización de empleados públicos para blanquear aportes de origen desconocido. Tras la decisión de Irurzun, el expediente recayó el martes en el juzgado de Luis Rodríguez. Mientras el magistrado afronta un escándalo, señalado por un supuesto pedido de coimas, se desprendió el viernes de la causa y se la envió al juez Ariel Lijo, quien deberá confirmar si asume el caso.

Ariel Lijo pidió informes sobre cuentas de la campaña electoral de Cambiemos.

La Alameda identificó a decenas de empleados de empresas contratistas que contribuyeron supuestamente con $ 5.247.215 a la campaña de Macri. Entre 2015 y 2018, esas empresas ganaron contratos con la Ciudad y Nación por $2.587.446.537. Entre esas empresas, hay al menos cuatro compañías de servicios de seguridad y cinco de la construcción.

Brenda Osso, una ex empleada de la empresa de seguridad Murata SA, logró desentrañar cómo su nombre y el de otros 11 compañeros de su antiguo trabajo terminaron figurando en la lista de aportantes de esta campaña. A Brenda la utilizaron tres veces: aparecía aportando $ 95 mil en el primer informe de gastos de las PASO en 2015; otros $ 30 mil a la campaña presidencial de octubre; y $ 16.500 más para la campaña legislativa del oficialismo en la provincia de Buenos Aires en 2017, como reveló PERFIL el año pasado.

Los aportantes de Cambiemos que se llevaron contratos millonarios

Osso contó a este medio que el dueño de Murata, Roberto Raglewski, admitió que él había dado la lista de los empleados para la campaña. En 2015, antes de la victoria de Macri, Murata ganó licitaciones en el gobierno porteño por $ 1.271.154.650 para custodiar bienes. En 2018, obtuvo dos contratos por $ 55.814.398 en el Estado nacional. PERFIL se comunicó con Murata pero no obtuve respuesta.

Briefing Security presentaría el mismo patrón. Cuatro ejecutivos de esta empresa aparecen aportando $ 320 mil a la campaña de las PASO 2015; otros $ 180 mil en la generales de octubre de ese año. Entre 2015 y 2016, la compañía de seguridad ganó licitaciones por $ 1.104.794.381 con el gobierno de la Ciudad. PERFIL intentó comunicarse en vano con sus responsables.

Otra empresa de seguridad que repite el patrón es Sistemas Complejos de Seguridad. En 2016 ganaron licitaciones por $ 11.601.727. Tres empleados de la firma aparecen aportando dinero a la campaña presidencial.

El mismo patrón se repite con empresas de la construcción. Miavasa SA tiene cuatro empleados o ejecutivos que figuran aportando dinero a la campaña 2015. La compañía ganó una licitación por $ 55.104.908 en 2017 con la Ciudad. La empresa sostuvo que su política es no aportar fondos a campañas electorales, como marca la ley, y que sus ejecutivos deben haber aportado a título personal.

La empresa Econovo (antes Oscar Scorza) no respondió sobre si los ocho empleados que figuran aportando a la campaña de Macri realmente lo hicieron. La empresa ganó una licitación con la Ciudad por más de $ 32 millones en 2015. La dinámica se repite con otra compañías como Eva SA, Evassa SA y Lurovial SRL, en cuyas sedes no fue posible conseguir una respuesta. En el gobierno porteño contestaron a PERFIL que “en las licitaciones no se incluye ni se excluye a las empresas por las preferencias políticas de sus empleados”.

Macri y Marcos Peña, con puntos oscuros en la financiación de la campaña 2015.

El relevamiento también arroja que existen 1.147 empleados del gobierno porteño aportando a la campaña 2015. Una de ellos es Sol Irurzún, sobrina de Martín Irurzún, el juez que el lunes pasado decidió apartar a Casanello de la investigación.  La mujer (44) es abogada y figura como empleada del gobierno porteño desde abril de 2013. Aparece tres veces en los aportes a la campaña 2015 con un total de $ 31.500.

Muy cerca del juez Irurzun aseguraron que el magistrado no conocía que su sobrina figuraba como aportante y que el juez sólo se pronunció sobre cuestiones formales, sin analizar la prueba de la causa. PERFIL intentó comunicarse con ella pero no obtuvo respuesta.

En el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta prefirieron no pronunciarse sobre el caso. Contestaron que la administración porteña “contaba con más de 100 mil empleados, con las preferencias políticas más diversas. Cada uno es libre de canalizarla como mejor le parezca”. Lo que en realidad debe ser investigado es si esos empleados de la Ciudad aportaron dinero o si sus nombres fueron utilizados -con su consentimiento o no- para blanquear dinero de origen desconocido. Tal como sucede con el caso de la empresa Murata.

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