La continuidad del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona estuvo atravesada por imprevistos y decisiones estratégicas que modificaron el desarrollo previsto de la jornada. En los tribunales de San Isidro, la audiencia que debía incluir testimonios relevantes fue reordenada tras el pedido del neurocirujano Leopoldo Luque de prestar declaración.

Inicialmente, estaban convocados a declarar Gianinna Maradona, un profesional de la salud y un efectivo policial. Sin embargo, la solicitud impulsada por la defensa de Luque derivó en la postergación de esos testimonios. El tribunal aceptó el planteo, lo que habilitó al médico a presentarse antes que los testigos citados.

Un giro inesperado en la audiencia

La decisión generó sorpresa entre los presentes y obligó a disponer un cuarto intermedio para reorganizar la jornada. El fiscal Patricio Ferrari había manifestado su rechazo a que Luque declarara en ese momento, aunque finalmente el tribunal dio lugar al pedido de la defensa.

Según trascendió, Luque brindará su testimonio sin responder preguntas, siguiendo la estrategia recomendada por sus abogados. Se trata de la primera vez que el profesional se presenta a declarar en este proceso, en el que está imputado por su rol en la atención médica del exfutbolista.

Otro elemento que incidió en la resolución fue la condición de salud del propio Luque, quien padece una enfermedad oncológica. De acuerdo con la normativa vigente, esto le otorga prioridad para declarar cuando lo considere necesario, lo que fue determinante para la decisión judicial.

Durante la audiencia, el presidente del tribunal también lanzó una advertencia al abogado defensor Francisco Oneto por su insistencia en interrumpir el normal desarrollo del debate, y no descartó aplicar sanciones disciplinarias.

Testimonios clave que deberán esperar

Entre las declaraciones más esperadas se encontraba la de Gianinna Maradona, quien ya había expresado en instancias anteriores su dolor por la forma en que, según sostuvo, fue tratado su padre en sus últimos días. Sus dichos apuntan directamente al equipo médico, incluyendo a Luque y a la psiquiatra Agustina Cosachov.

También se aguarda el testimonio del policía Lucas Farías, uno de los primeros en ingresar a la vivienda del country San Andrés, en Tigre, donde Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020. En declaraciones previas, el efectivo describió una escena impactante al encontrar el cuerpo del exjugador en condiciones que lo sorprendieron profundamente.

Otro de los aportes relevantes será el del médico Juan Carlos Pinto, quien intervino con la ambulancia y firmó el certificado de defunción. Según su relato, el estado del cuerpo evidenciaba signos notorios que podrían resultar determinantes para la causa.

La acusación y el rol del entorno

En paralelo al desarrollo judicial, el abogado Fernando Burlando, representante de parte de la familia, volvió a sostener una postura contundente respecto al fallecimiento del ídolo. Afirmó que existen elementos suficientes para considerar que hubo responsabilidad penal por parte del equipo médico que lo asistía.

Además, cuestionó duramente las condiciones en las que Maradona atravesó sus últimos días, al considerar que no recibió la atención adecuada. En ese contexto, también apuntó contra Matías Morla, al sugerir que tuvo influencia en la conformación del entorno profesional que rodeaba al exfutbolista.

Burlando también defendió el accionar de las hijas del exjugador, entre ellas Gianinna, Dalma Maradona y Jana Maradona, al asegurar que sus decisiones estuvieron guiadas por recomendaciones médicas.

Un proceso que mantiene la atención pública

El juicio por la muerte de Maradona continúa generando un fuerte impacto social y mediático, no solo por la figura del exfutbolista sino también por las circunstancias que rodearon su fallecimiento. Las próximas audiencias serán clave para determinar responsabilidades en un caso que sigue sumando capítulos y que mantiene en vilo a la opinión pública.

Se espera que en las próximas jornadas se retomen los testimonios suspendidos y que la declaración de Luque aporte nuevos elementos para esclarecer uno de los casos más sensibles del ámbito judicial argentino en los últimos años.

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El aumento internacional del precio del crudo, impulsado por la escalada del conflicto en Medio Oriente, tuvo un efecto inmediato en los combustibles a nivel global. Sin embargo, el traslado a los surtidores no fue homogéneo: Argentina se ubicó entre los países con mayores incrementos en el precio de la nafta.

De acuerdo con un relevamiento basado en datos de Global Petrol Prices, el país se posicionó en el puesto 33 entre 129 naciones analizadas en cuanto a magnitud de aumentos. En términos concretos, el valor del combustible registró una suba acumulada del 23,8% en el mercado interno desde el inicio del conflicto.

El dato adquiere mayor relevancia al compararlo con otros países de América Latina que también cuentan con producción petrolera. En México, el incremento fue del 9,8%; en Brasil, del 7,6%; mientras que en Colombia incluso se observó una leve caída del 0,7%.

La dinámica local se da en un contexto de presión inflacionaria previa. Según datos del Indec, la inflación venía acumulando varios meses consecutivos en alza, tendencia que se profundizó con el encarecimiento de los combustibles. En marzo, este rubro registró una suba mensual cercana al 7%, muy por encima del índice general, que se ubicó en 3,4%.

El impacto no se limitó a ese mes. Debido a que los aumentos se aplicaron principalmente en la segunda mitad de marzo, su efecto estadístico se trasladará parcialmente a abril, ya que el índice oficial se calcula sobre promedios mensuales y no sobre variaciones puntuales.

Frente a este escenario, la respuesta oficial fue gradual. Recién a comienzos de abril se anunció un congelamiento de precios por 45 días por parte de YPF, luego de un incremento acumulado cercano al 15% durante marzo. La demora en la implementación de medidas fue señalada por distintos analistas como un factor que amplificó el impacto inflacionario.

A nivel internacional, varios países adoptaron políticas más activas para contener el shock. Canadá avanzó con la suspensión de impuestos federales sobre combustibles, mientras que España redujo el IVA aplicado al sector. Alemania, por su parte, aplicó recortes impositivos sobre el petróleo y el diésel. Medidas similares fueron implementadas en India, Australia y Brasil.

El análisis comparado también muestra que los países con aumentos superiores a los de Argentina presentan características particulares. Entre ellos se encuentran economías del sudeste asiático altamente dependientes de importaciones que atraviesan el Estrecho de Ormuz, países sudamericanos sin autoabastecimiento energético y naciones directamente involucradas en el conflicto.

En el plano local, el encarecimiento de la nafta tiene un efecto multiplicador. Se trata de un insumo clave para el transporte, la logística y la producción agroindustrial. Estimaciones privadas indican que cada incremento en los combustibles puede trasladar entre 0,3 y 0,5 puntos porcentuales al Índice de Precios al Consumidor, con un rezago de entre cuatro y seis semanas.

Así, el aumento de la nafta no solo impacta en el bolsillo de los consumidores, sino que también se convierte en un factor determinante en la evolución de la inflación.

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El boxeo argentino comienza a escribir un nuevo capítulo internacional en Panamá, donde la delegación juvenil se presenta en el moderno escenario Atheyna Bylon con una característica que no pasa desapercibida: la fuerte presencia de talentos surgidos del deporte social. Entre ellos se destaca Jeremías Manzelli, matancero, de Tapiales, una de las grandes promesas del equipo nacional.

La preparación del seleccionado se desarrolló en el CeNARD, epicentro del alto rendimiento en el país, donde los jóvenes atletas llevaron adelante un trabajo intensivo de cara a una competencia que reúne a los mejores exponentes juveniles del continente.

El entrenador del equipo, Daniel Rafael González, resaltó que la base del plantel tiene un origen común: los Juegos Deportivos Nacionales Evita. De los seis boxeadores convocados, cinco fueron detectados en ese certamen que cada año convoca a miles de jóvenes en todo el país y que tuvo en Mar del Plata una de sus sedes más recientes.

En ese grupo aparece con fuerza Jeremías Manzelli, quien competirá en la categoría hasta 55 kilos. Su recorrido refleja el impacto de las políticas deportivas de base: fue campeón nacional en los Evita y logró consolidarse como uno de los nombres a seguir dentro del boxeo juvenil argentino.

Junto a él integran la delegación Tiziana Rodríguez (51 kg, Córdoba), Melanie Rodríguez (60 kg, Mendoza), Edgardo Nicolás Peralta (60 kg, Santa Fe) y Santiago Giménez Losso (70 kg, Buenos Aires), todos con pasado exitoso en los Evita. El único integrante que no atravesó ese circuito fue Santino Zilli, debido a que su categoría de peso no estaba contemplada en el programa.

La delegación se aloja en la Villa Suramericana instalada en el Hotel Megapolis, donde conviven atletas de distintos países en la previa de la competencia. Desde allí, el cuerpo técnico destaca la importancia de un proceso sostenido que combina detección de talentos, formación y seguimiento.

“El crecimiento de estos chicos responde a un trabajo planificado que incluye competencias nacionales, programas de desarrollo y concentraciones periódicas”, explicaron desde el entorno técnico, subrayando el rol de iniciativas como el programa DAR, orientado al alto rendimiento.

El debut argentino en el ring tendrá como protagonista a Santiago Giménez Losso, quien abrirá la participación enfrentando al venezolano Aarón García. Sin embargo, cada combate llevará implícita una historia colectiva: la de miles de jóvenes que encuentran en el deporte una oportunidad de desarrollo.

En ese contexto, Jeremías Manzelli representa mucho más que una promesa individual. Es el reflejo de un sistema que apuesta al crecimiento desde la base y que vuelve a decir presente en el escenario internacional, con la ilusión de seguir formando campeones dentro y fuera del ring.

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En diálogo con el programa conducido por Tomás del Duca en Sábado Radio por Del Plata, Miguel Saredi trazó un panorama crítico de la situación política y social del país, poniendo el foco de manera reiterada en el accionar de La Cámpora, a la que responsabilizó por una estrategia de confrontación interna que, según advirtió, debilita al peronismo y favorece al oficialismo nacional.

Durante la entrevista, Saredi destacó el rol de los intendentes como garantes de la paz social en un contexto económico complejo. Señaló que, pese a la delicada situación que atraviesan muchos sectores —especialmente en el interior productivo—, la contención territorial que ejercen los jefes comunales evita un escenario de mayor conflictividad. Sin embargo, advirtió que ese equilibrio es cada vez más frágil.

En ese marco, el dirigente cuestionó la falta de espacios para que emerja una dirigencia política “madura y razonable”, y apuntó contra las dinámicas internas que, según sostuvo, terminan silenciando a referentes con experiencia. Fue allí donde volvió a cargar contra La Cámpora, a la que acusó de obstaculizar la construcción de consensos y de imponer una lógica de confrontación permanente dentro del propio peronismo.

Uno de los puntos más críticos de la entrevista giró en torno a la situación de la Federación Argentina de Municipios (FAM). Saredi denunció un “ataque en pinza” contra la entidad: por un lado, desde el Gobierno nacional —particularmente a través de iniciativas impulsadas por Federico Sturzenegger— y, por otro, desde sectores internos del peronismo vinculados a La Cámpora.

Según explicó, el oficialismo busca avanzar con la denominada “Ley Hojarasca”, que implicaría el desfinanciamiento de la FAM, dejando a más de 500 intendentes sin herramientas básicas de articulación. Pero al mismo tiempo, denunció que dirigentes camporistas —alineados con Máximo Kirchner, Julián Álvarez y Mayra Mendoza— intentan desplazar a Fernando Espinoza de la conducción de la FAM.

Saredi fue particularmente duro al referirse a este sector, al sostener que La Cámpora impulsa una “destrucción permanente” de dirigentes, gobernadores y estructuras territoriales que no responden a su línea interna. En ese sentido, advirtió que esta lógica no solo debilita al peronismo, sino que puede tener consecuencias electorales graves.

“El camporismo no representa a la mayoría de la sociedad”, sostuvo, al tiempo que señaló que, según distintas encuestas, su protagonismo dentro del espacio opositor reduce las posibilidades de imponerse en un eventual balotaje frente a Javier Milei. Incluso fue más allá al afirmar que, de manera indirecta, estas acciones terminan beneficiando al actual oficialismo.

En otro tramo de la entrevista, Saredi apeló a la historia del movimiento justicialista para reforzar su postura crítica hacia La Cámpora. Recordó los conflictos internos de la década del 70 y sugirió que existen paralelismos con la actualidad, en términos de fragmentación y disputas de poder que pueden derivar en escenarios de mayor debilidad política.

Finalmente, el dirigente llamó a reconstruir una estrategia más amplia y moderada dentro del peronismo, tomando como ejemplo experiencias internacionales como las de líderes que lograron articular consensos amplios entre distintos sectores sociales y productivos. En contraposición, insistió en que La Cámpora representa un espacio “minoritario y extremista” que, lejos de ampliar la base política, la reduce.

La entrevista dejó en claro la preocupación de Saredi por el rumbo interno del peronismo y, especialmente, por el rol de La Cámpora, a la que ubicó en el centro de una disputa que, según advirtió, no solo impacta en la estructura partidaria, sino también en la gobernabilidad y el futuro político del país.

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La ciudad de Miramar volvió a convertirse en epicentro de la cultura popular con la realización de la Segunda Marcha de los Bombos frente al mar, un evento que reunió a cientos de participantes de distintos puntos del país y que tuvo una destacada presencia de agrupaciones provenientes de La Matanza.

Desde el distrito bonaerense participaron la agrupación de danzas folklóricas Un Nuevo Sentir, encabezada por Marcelo Zalazar y Marina, oriundos de Isidro Casanova, junto a la agrupación de bombo legüero Tata Bombos de Rafael Castillo, liderada por Leo y Natalia. Ambas delegaciones formaron parte activa de la marcha, aportando identidad, ritmo y tradición a una convocatoria que no deja de crecer.

El encuentro, que duplicó la cantidad de participantes respecto a su primera edición, reafirmó su carácter federal y su importancia dentro del calendario cultural argentino. La iniciativa, inspirada en la histórica Marcha de los Bombos nacida en Santiago del Estero en 2003, continúa expandiéndose y sumando adeptos en todo el país y el exterior.

Durante el fin de semana, las actividades incluyeron una vigilia y peña folklórica que reunió a músicos, bailarines y público general en un clima de celebración colectiva. El momento central se vivió el domingo, cuando la columna de bombos partió desde el muelle de pescadores y recorrió la costa de Miramar hasta el Polideportivo local, generando una postal sonora y visual cargada de identidad cultural.

Uno de los anuncios más relevantes fue la proyección de llevar esta manifestación a la Triple Frontera, con el objetivo de unir a Argentina, Brasil y Paraguay a través del bombo legüero como símbolo cultural. La propuesta, que ya se encuentra en etapa de conversaciones, marcaría un hecho inédito en la internacionalización de esta expresión nacida en territorio santiagueño.

Desde la organización destacaron el esfuerzo de los participantes para sostener el crecimiento del evento en un contexto económico complejo, subrayando el compromiso y la pasión que moviliza a cada agrupación.

Asimismo, se reconoció a la provincia de Santiago del Estero y a su Subsecretaría de Cultura por declarar de interés cultural la II Marcha de los Bombos en Miramar, consolidando su relevancia institucional.

Actualmente, esta manifestación ya cuenta con múltiples ediciones en distintos puntos del país, además de su expansión internacional con experiencias en Uruguay y España. En ese marco, la participación de agrupaciones como las de La Matanza refuerza el carácter inclusivo y federal del evento, llevando la identidad cultural a cada rincón.

El calendario continuará el próximo 25 de abril con una nueva marcha en Merlo, provincia de Buenos Aires, seguida por futuras ediciones en Santiago del Estero y otras localidades.

La Marcha de los Bombos no solo crece en convocatoria, sino también en significado: se consolida como un símbolo vivo de la cultura popular argentina, donde cada golpe de bombo reafirma el sentido de pertenencia y la fuerza de lo colectivo.

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Por Luis Gotte – La trinchera bonaerense

La provincia de Buenos Ayres no necesita académicos ni tecnócratas. No necesita a alguien que hable de “capitalismo tardío” en inglés, de “biopolítica” en alemán o de “hegemonía cultural” en francés. Esos idiomas suenan muy bien en los paraninfos universitarios, pero afuera -en la Pampa Húmeda, en los puertos de Mar del Plata o Quequén, en los cordones frutihortícolas- el bonaerense no entiende de Foucault, de Gramsci ni de los charlatanes de Frankfurt. Entiende de hectáreas, de toneladas, de milímetros, del clima, de cuentas, de costos y de ganancias.

La dirigencia política bonaerense se ha llenado de administradores citadinos: gente que vive en barrios privados o en Puerto Madero, que lee a los mismos autores europeos y cree que la realidad se resuelve con una teoría bien citada. Mientras tanto, la producción se desangra. El campo exporta soja, pero la renta se fuga y los pueblos se despueblan. La industria manufacturera, como las granjas familiares, sobrevive con los dientes apretados, sin crédito, sin políticas activas, sin un Estado que la mire a los ojos. Hasta el Banco Provincia ya les da la espalda.

La provincia, que tienen una deuda de 13 mil millones de dólares, necesita una fase de acumulación primaria de capital. Acumular significa generar excedente y reinvertir. Que el trabajo se transforme en bienes, los bienes en dinero y el dinero en más producción. No hay atajos. No hay desarrollo tecnológico sin base material. No hay revolución digital sin un campo que funcione. Los ingleses hicieron su acumulación primitiva con opio y carbón; los chinos, con baratijas y chucherías. Nosotros queremos saltarnos ese paso porque nos da vergüenza admitir que primero hay que ensuciarse las manos.

No debemos seguir copiando las ideas europeas. El filósofo argentino Rodolfo Kusch lo sabía: el “ser” europeo es una ilusión. Acá se “está”. Y el estar productivo es la única forma de salir de esta crisis. No con discursos, sino con tractores, con tornos, con obreros que cobren un salario digno. La tecnología y la digitalización serán la segunda fase, pero sin la primera, la segunda es una mentira.

Hemos caído en la positividad vacía, como diría el pensador coreano Byung-Chul Han: creemos que pensar es hacer. Y no. La provincia no necesita más thinkers, necesita hacedores. Gente que sepa que un plan económico no es un paper: es una cosecha, una línea de montaje, un camión que carga y descarga.

Nuestra dirigencia es trágicamente cómica, como señalaría el rumano Emil Ciorán: habla como si viviera en la belle époque francesa y gobierna como si estuviera en el siglo XIX oligárquico. El resultado es una provincia que produce riqueza y la ve pasar de largo. El bonaerense produce, pero no acumula. Su trabajo es expropiado por una casta ideológica que lo desprecia mientras lo explota.

La provincia necesita conducción política comprometida con la producción, no con las ideologías. Con los pies en el barro. Con la obsesión de ordenar la economía para que el excedente quede en casa. Y después, recién después, la tecnología, la digitalización, el futuro. Para eso, el poder político no debe estar en La Plata.

La política no es una teoría: es una vocación de servicio, como lo expresó Francisco. Hay que bajar del pedestal, oler el suelo, tocar la carne del que suda, sentir el hedor bonaerense. No prometer soluciones mágicas, sino prometer estar ahí. Y en una provincia administrada por traductores de ideologías ajenas, estar ahí ya es una revolución.

Una Buenos Ayres distinta es posible. No cuando hablemos como europeos, sino cuando empecemos a trabajar como bonaerenses.

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La mujer denunció que un pariente directo, con presuntos problemas de salud mental y consumo problemático, mantiene conductas violentas que afectan tanto a ella como a otros vecinos. Según detalló, existen múltiples denuncias por agresiones físicas, daños a la propiedad y amenazas de muerte, incluso registradas ante la fiscalía.

Además, describió episodios de extrema violencia, como ataques con objetos, incendios intencionales y maltrato animal. También cuestionó el accionar policial, al señalar que en reiteradas oportunidades no se tomaron medidas concretas pese a la gravedad de los hechos, e incluso relató situaciones de robos donde —según indicó— no hubo intervención efectiva.

En ese sentido, Charly Terraza puso el foco en lo que definió como una desigualdad en los procedimientos policiales. Señaló que, en algunos casos, se exige a las víctimas pruebas difíciles de obtener —como documentación o registros del hecho— mientras que en otras situaciones como la planteada por la vecina no se aplican los mismos criterios. También cuestionó la falta de intervención ante hechos que ocurren a la vista, remarcando que esto genera sensación de desprotección en los vecinos.

En el plano judicial, la entrevistada explicó que se solicitó una internación psiquiátrica, pero el procedimiento no prosperó debido a limitaciones legales, lo que —según sostuvo— deja a las víctimas en un estado de desprotección.

Durante la entrevista, los conductores remarcaron la preocupación por los “grises” en la legislación vigente en materia de salud mental y seguridad, y la falta de herramientas para actuar en casos de este tipo.

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha este viernes 10 de abril de 2026 el cronograma de pagos correspondiente al mes, que incluye una actualización del 2,9% en jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales. La suba responde a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrada en febrero y se aplica automáticamente a todas las prestaciones.

Durante esta jornada, los primeros en cobrar son los jubilados y pensionados que perciben haberes mínimos y cuyos documentos finalizan en 0. Este grupo inaugura el calendario mensual y representa una porción significativa dentro del sistema previsional argentino.

En paralelo, también acceden a sus ingresos los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con DNI terminado en 0, una prestación destinada a familias en situación de vulnerabilidad. A ellos se suman los titulares de la Asignación Familiar por Hijo bajo la misma terminación de documento, cuyos montos varían según el nivel de ingresos del grupo familiar.

El esquema de pagos incluye además a quienes perciben la Asignación por Embarazo, siempre que su DNI finalice en 0. Este beneficio busca acompañar a mujeres gestantes sin cobertura formal, garantizando asistencia económica durante el período de gestación.

Por otro lado, se efectivizan las Pensiones No Contributivas (PNC) para titulares con documentos terminados en 0 y 1. Estas prestaciones están orientadas a personas que no reúnen los años de aportes requeridos, incluyendo casos de invalidez, adultos mayores y madres de siete hijos o más.

Desde el organismo previsional recuerdan que cada beneficiario puede consultar su fecha exacta de cobro a través de los canales oficiales, ya sea en la web o mediante la aplicación móvil, donde también se detallan los montos actualizados.

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Por Marcelo Puella

Marcelo Puella, presidente del Frente Nacional de Agrupaciones Peronistas, fue categórico a la hora de opinar sobre el gobierno de Milei en un programa radial. Específicamente dijo: “Que el Gobierno no tiene rumbo y Milei ya tiene el boleto picado”.

El dirigente peronista considera que este gobierno está improvisando diariamente y viven alejados de la realidad que se palpa en la calle, el malestar social es notorio e inocultable. Podemos sumarle a la crisis económica, desempleo, inflación, costo de vida, cierres diarios de fábricas y aumentos que son insostenibles con los ingresos de un trabajador. Este gobierno se destaca por las sospechas y escándalos de corrupción. Empezaron con la malversación de fondos en Andis (Agencia Nacional de Discapacitados); el Caso $LIBRA que es una estafa que involucra directamente al presidente de la nación Javier Milei y a su hermana, la Secretaria General de la Presidencia Karina Milei. Se suma el escándalo del narco-diputado José Luis Espert que lo llevó a renunciar a su candidatura como diputado y a su banca como tal. Ahora se le adiciona a este gobierno de corrupción y espanto los viajes en vuelos privados del actual Jefe de Gabinete Manuel Adorni y las compras de propiedades no declaradas y con serias sospechas de enriquecimiento ilícito como así también “Los préstamos hipotecarios del Banco Nación” a dirigentes Libertarios que jamás pagarán.

Puella no quiso extenderse en las denuncias infinitas de corrupción contra el gobierno de Javier Milei y fue directamente a la preocupación más grande, “que es el día a día de nuestra gente”. Hay un pueblo cagándose de hambre y con números de indigencia que asustan. Esos números uno los ve en la calle, no en el Indec mentiroso de esta mafia libertaria. No hay un sólo argentino que la este pasando bien, ni siquiera los que se dedican a la timba financiera, porque tampoco están cobrando. El nivel de morosidad es altísimo, tanto en bancos, financieras, en tarjetas de crédito y en el prestamista del barrio.

Marcelo Puella explicó que ”el 50% del país gana menos de $800.000 y el 70% no supera $1.100.000, mientras la canasta básica ya está entre $1.300.000 y $1.500.000.

Un trabajador informal cobra $ 650.000 por 8 horas, sin derechos. Uno registrado, $1.300.000: apenas al límite.

Y con estos números te hablan de “baja de la pobreza”. No bajó: la mayoría trabaja y aun así no llega a cubrir lo básico”, finalizó enfáticamente.

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El sistema de atención del Programa de Atención Médica Integral (PAMI) atraviesa un momento de fuerte tensión tras la aplicación de nuevos criterios administrativos que limitan la cantidad de prestaciones disponibles para sus afiliados. La medida, impulsada por el Gobierno nacional en el marco de un plan de ajuste del gasto público, impacta directamente en los tiempos de acceso a consultas, estudios y tratamientos.

Según diversas denuncias de usuarios y profesionales de la salud, la implementación de “cupos” en la asignación de turnos ha derivado en demoras que, en algunos casos, superan los seis meses. Esta situación afecta principalmente a jubilados y pensionados, quienes dependen del sistema para atender patologías crónicas o urgencias médicas.

Desde el entorno sanitario, advierten que la limitación de prestaciones no es un fenómeno nuevo, pero que en los últimos meses se habría profundizado como consecuencia de la necesidad oficial de reducir erogaciones. PAMI, que brinda cobertura a más de 5 millones de afiliados en todo el país, representa uno de los principales componentes del gasto en salud del Estado, por lo que suele ser objeto de revisiones periódicas en contextos de ajuste fiscal.

Especialistas señalan que este tipo de políticas puede generar un efecto colateral grave: la postergación de diagnósticos y tratamientos, lo que a largo plazo podría incrementar los costos sanitarios y agravar la situación de los pacientes.

En paralelo, la decisión se da en un contexto donde otras medidas económicas del Gobierno han sido cuestionadas por distintos sectores, que observan una aparente contradicción entre el recorte en áreas sensibles y el acceso a financiamiento por parte de funcionarios o sectores vinculados al poder.

Organizaciones de jubilados y entidades médicas comenzaron a manifestar su preocupación y no descartan impulsar reclamos formales para revertir la medida. Asimismo, plantean la necesidad de garantizar un acceso equitativo y oportuno a la salud, especialmente para una población considerada de alta vulnerabilidad.

Mientras tanto, miles de afiliados continúan enfrentando un sistema con mayores restricciones y tiempos de espera extendidos, en un escenario que reabre el debate sobre el equilibrio entre la sostenibilidad fiscal y el derecho a la atención médica.

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