Según las primeras informaciones, el efectivo se encontraba franco de servicio y vestido de civil cuando fue abordado por delincuentes en la intersección de Apipé y Obligado, mientras se dirigía a retirar a su hija. Durante el hecho recibió heridas de arma de fuego y fue trasladado por vecinos en su propia camioneta hasta la UPA N°29, donde ingresó sin vida pese a las maniobras de reanimación.

La investigación se encuentra en curso y personal policial trabaja en la zona para identificar y localizar a los responsables.

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Durante la charla, los letrados que representan a la familia Gutiérrez señalaron que la reciente extradición de un sospechoso conocido como “Pequeño J” volvió a poner el caso en agenda pública y permitió “reactivar” la investigación. Sin embargo, remarcaron que mantienen dudas sobre el verdadero rol del implicado dentro del expediente.

Además, los abogados aseguraron que la causa avanza “a paso de tortuga” y denunciaron presuntas irregularidades en el manejo de pruebas clave. En ese sentido, afirmaron que parte del material audiovisual entregado por la fiscalía presentaba minutos faltantes y sostuvieron que las imágenes “no pudieron desaparecer sin intervención humana”.

Véliz y Recio también hablaron de un posible encubrimiento dentro del ámbito judicial y señalaron que aún hay personas prófugas y más involucrados por identificar. Incluso, al ser consultados sobre posibles complicidades políticas y judiciales, ambos respondieron que consideran que “hay complicidad”.

La entrevista volvió a poner el foco sobre uno de los casos más resonantes de los últimos meses y sobre los cuestionamientos que pesan sobre el desarrollo de la investigación.

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La causa, que investiga el asesinato de Brenda, Lara y Morena continúa bajo la órbita de la Justicia Federal, en un expediente donde se analizan posibles vínculos con el narcotráfico. La expectativa ahora está puesta en la indagatoria del acusado y en el análisis de su teléfono celular, que podría aportar información clave para avanzar en la investigación.

En este contexto, Estela Maris, madre de Lara Gutiérrez, expresó el dolor y la incertidumbre que atraviesa desde el crimen. “Estoy como puedo, pero voy a seguir de pie y luchando hasta el final para pedir justicia por mi hija y por las chicas”, señaló. Además, reclamó que todos los responsables sean condenados: “Quiero saber la verdad, por qué pasó. Que paguen todos”.

La mujer, quien estuvo acompañada por su letrada, Dra. Verónica Véliz, también manifestó su preocupación ante la posibilidad de que algunas personas vinculadas a la causa recuperen la libertad. “No queremos que quede nadie libre. Son culpables, son cómplices también”, sostuvo.

Mientras tanto, la investigación sigue su curso a la espera de nuevas pruebas que permitan reconstruir lo ocurrido y determinar las responsabilidades en uno de los casos más conmocionantes de los últimos tiempos.

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Según se informó, los agresores le dispararon a corta distancia, prácticamente a quemarropa, impactando en el pecho y provocándole una herida mortal. Tras el ataque, escaparon con pertenencias que sustrajeron del interior del rodado.

La víctima, identificada como Mauro Molina, pertenecía a la División Delitos Federales de Lanús. Fue trasladado de urgencia al Hospital Paroissien de Isidro Casanova, donde ingresó sin vida.

En estas horas, se desplegó un fuerte operativo policial en la zona para dar con los responsables, que permanecen prófugos.

 

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El reclamo se dio en un momento clave de la investigación, luego de que se confirmara que la Justicia activó el proceso de extradición de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, señalado como uno de los principales responsables de los asesinatos de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), en el marco de una presunta disputa narco.

La causa, que investiga el triple narcofemicidio ocurrido el año pasado, volvió a registrar movimientos tras varias semanas sin avances.

En paralelo, la abogada Verónica Véliz confirmó que la madre de Lara se presentó en Gendarmería Nacional y, junto a la letrada, logró acceder a los minutos faltantes de las cámaras de seguridad que habían sido incorporadas a la investigación.

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Según la investigación, el menor habría enviado mensajes en un grupo de WhatsApp de alumnos en los que aseguraba que “iba a matar a todos”, junto con imágenes de armas de fuego. La supuesta amenaza indicaba que el ataque se concretaría días atrás, aunque luego habría sido suspendido.

La denuncia fue realizada por una madre de la institución, lo que activó la intervención de la Justicia de Menores y un operativo de prevención con patrullajes en la zona. Posteriormente, la DDI de La Matanza logró identificar al sospechoso, quien había dejado el colegio hace dos años.

El allanamiento se llevó a cabo en su vivienda de Ciudad Evita, donde se secuestraron computadoras y teléfonos celulares que serán sometidos a pericias. No se hallaron armas en el lugar.

El adolescente, por su edad, es inimputable. La causa continúa bajo investigación mientras se realizan estudios psicológicos y ambientales, y se analiza si el menor tenía vínculos con comunidades digitales vinculadas a hechos de violencia similares.

Fuentes del caso indicaron además que el joven se encontraba bajo tratamiento psiquiátrico.

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Según explicó, todo comenzó cuando se activó la alarma vecinal, un sistema que los propios habitantes utilizan para alertarse ante situaciones sospechosas. A partir de allí, varios vecinos salieron a la calle y se comunicaron entre sí para identificar lo que ocurría, detectando a un individuo que se desplazaba por los techos de distintas viviendas. Organizados, iniciaron un seguimiento mientras daban aviso al 911, hasta lograr reducirlo cuando ingresó a otra casa, donde fue interceptado por un vecino y su familiar.

Sin embargo, la situación generó fuerte malestar cuando finalmente llegó la policía. De acuerdo al testimonio, los efectivos habrían tratado de manera hostil a los vecinos, acusándolos de querer agredir al sospechoso.

En ese contexto, Charly Terraza cuestionó el accionar policial, señalando la contradicción entre la demora en asistir a los llamados de emergencia y la rápida aparición de múltiples patrulleros una vez que el delincuente ya estaba reducido. Además, remarcó que este tipo de episodios se repite en distintos puntos del distrito.

La vecina también expresó la preocupación generalizada del barrio, donde —según sostuvo— los hechos de inseguridad son cada vez más frecuentes, obligando a los vecinos a organizarse para defenderse.

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El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Policía Bonaerense y el Grupo de Apoyo Departamental (GAD), quienes rodearon el lugar y bloquearon el ingreso al boliche, que se encontraba funcionando con normalidad. Las personas que estaban en el interior debieron retirarse por una puerta lateral.

Según explicó la jueza María Victoria Aloé, a cargo del operativo, la medida fue dispuesta por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº40 debido a la falta de pago de alquileres.

Por su parte, el propietario del establecimiento, Daniel Bellini, sostuvo que el conflicto judicial se arrastra desde la pandemia y cuestionó la decisión. “Estamos intentando resolverlo, no debería estar ocurriendo esto porque aún hay cuestiones pendientes”, afirmó. Además, remarcó que el predio fue alquilado históricamente y que lleva más de cinco décadas al frente del lugar.

El empresario también señaló que la disputa se originó tras la muerte de la antigua dueña del terreno, quien habría dejado la propiedad a su cuidadora. Según indicó, la nueva propietaria tendría intenciones de desarrollar un emprendimiento inmobiliario en el predio, lo que implicaría la demolición del histórico boliche.

Bellini aseguró que durante la pandemia se dificultó el cumplimiento de los pagos debido a la falta de actividad y agregó que, en el último tiempo, la propietaria se negó a cobrar el alquiler. “Estoy dispuesto a comprar el lugar, pero pidieron una suma que no corresponde al valor real”, concluyó.

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Durante el juicio se acreditó que la mujer asestó una puñalada directa en el tórax, en la zona cardíaca, que provocó la muerte, actuando con plena conciencia y dominio de la situación. El fallo descartó de manera contundente cualquier planteo de legítima defensa o emoción violenta.

Asimismo, el Tribunal rechazó que existiera un contexto de violencia de género que pudiera funcionar como atenuante, al considerar que no hubo relación causal entre eventuales episodios previos y el crimen. Según la sentencia, el hecho estuvo motivado por celos y fue ejecutado con claridad antes, durante y después del ataque.

El caso marca un antecedente poco frecuente: una mujer condenada a prisión perpetua por asesinar a su pareja en un contexto que invierte el patrón habitual. Incluso aplicando perspectiva de género, los jueces concluyeron que la agresora tuvo un rol activo, violento y dominante, sin que existan atenuantes que modifiquen la calificación del delito.

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El testigo que había señalado a los presuntos responsables no ratificó sus dichos en una nueva declaración y ahora enfrenta una causa por falso testimonio. Su retractación debilitó por completo la imputación y dejó sin sustento la acusación inicial.

Con el avance de la causa, la Justicia reunió evidencias y corroboró testimonios que permitieron confirmar la inocencia de los hermanos Portillo, de 22 y 31 años, quienes habían permanecido detenidos durante diez días. Ambos lograron demostrar sus coartadas: uno se encontraba en su vivienda junto a su familia, mientras que el otro participaba de una fiesta en Pontevedra con su pareja. Además, el análisis de sus teléfonos respaldó sus versiones.

Ante este escenario, el fiscal Adrián Arribas dispuso su inmediata liberación, mientras la investigación continúa con nuevas líneas para dar con los verdaderos autores del crimen.

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