El reclamo se dio en un momento clave de la investigación, luego de que se confirmara que la Justicia activó el proceso de extradición de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, señalado como uno de los principales responsables de los asesinatos de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), en el marco de una presunta disputa narco.

La causa, que investiga el triple narcofemicidio ocurrido el año pasado, volvió a registrar movimientos tras varias semanas sin avances.

En paralelo, la abogada Verónica Véliz confirmó que la madre de Lara se presentó en Gendarmería Nacional y, junto a la letrada, logró acceder a los minutos faltantes de las cámaras de seguridad que habían sido incorporadas a la investigación.

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Según la investigación, el menor habría enviado mensajes en un grupo de WhatsApp de alumnos en los que aseguraba que “iba a matar a todos”, junto con imágenes de armas de fuego. La supuesta amenaza indicaba que el ataque se concretaría días atrás, aunque luego habría sido suspendido.

La denuncia fue realizada por una madre de la institución, lo que activó la intervención de la Justicia de Menores y un operativo de prevención con patrullajes en la zona. Posteriormente, la DDI de La Matanza logró identificar al sospechoso, quien había dejado el colegio hace dos años.

El allanamiento se llevó a cabo en su vivienda de Ciudad Evita, donde se secuestraron computadoras y teléfonos celulares que serán sometidos a pericias. No se hallaron armas en el lugar.

El adolescente, por su edad, es inimputable. La causa continúa bajo investigación mientras se realizan estudios psicológicos y ambientales, y se analiza si el menor tenía vínculos con comunidades digitales vinculadas a hechos de violencia similares.

Fuentes del caso indicaron además que el joven se encontraba bajo tratamiento psiquiátrico.

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Según explicó, todo comenzó cuando se activó la alarma vecinal, un sistema que los propios habitantes utilizan para alertarse ante situaciones sospechosas. A partir de allí, varios vecinos salieron a la calle y se comunicaron entre sí para identificar lo que ocurría, detectando a un individuo que se desplazaba por los techos de distintas viviendas. Organizados, iniciaron un seguimiento mientras daban aviso al 911, hasta lograr reducirlo cuando ingresó a otra casa, donde fue interceptado por un vecino y su familiar.

Sin embargo, la situación generó fuerte malestar cuando finalmente llegó la policía. De acuerdo al testimonio, los efectivos habrían tratado de manera hostil a los vecinos, acusándolos de querer agredir al sospechoso.

En ese contexto, Charly Terraza cuestionó el accionar policial, señalando la contradicción entre la demora en asistir a los llamados de emergencia y la rápida aparición de múltiples patrulleros una vez que el delincuente ya estaba reducido. Además, remarcó que este tipo de episodios se repite en distintos puntos del distrito.

La vecina también expresó la preocupación generalizada del barrio, donde —según sostuvo— los hechos de inseguridad son cada vez más frecuentes, obligando a los vecinos a organizarse para defenderse.

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El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Policía Bonaerense y el Grupo de Apoyo Departamental (GAD), quienes rodearon el lugar y bloquearon el ingreso al boliche, que se encontraba funcionando con normalidad. Las personas que estaban en el interior debieron retirarse por una puerta lateral.

Según explicó la jueza María Victoria Aloé, a cargo del operativo, la medida fue dispuesta por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº40 debido a la falta de pago de alquileres.

Por su parte, el propietario del establecimiento, Daniel Bellini, sostuvo que el conflicto judicial se arrastra desde la pandemia y cuestionó la decisión. “Estamos intentando resolverlo, no debería estar ocurriendo esto porque aún hay cuestiones pendientes”, afirmó. Además, remarcó que el predio fue alquilado históricamente y que lleva más de cinco décadas al frente del lugar.

El empresario también señaló que la disputa se originó tras la muerte de la antigua dueña del terreno, quien habría dejado la propiedad a su cuidadora. Según indicó, la nueva propietaria tendría intenciones de desarrollar un emprendimiento inmobiliario en el predio, lo que implicaría la demolición del histórico boliche.

Bellini aseguró que durante la pandemia se dificultó el cumplimiento de los pagos debido a la falta de actividad y agregó que, en el último tiempo, la propietaria se negó a cobrar el alquiler. “Estoy dispuesto a comprar el lugar, pero pidieron una suma que no corresponde al valor real”, concluyó.

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Durante el juicio se acreditó que la mujer asestó una puñalada directa en el tórax, en la zona cardíaca, que provocó la muerte, actuando con plena conciencia y dominio de la situación. El fallo descartó de manera contundente cualquier planteo de legítima defensa o emoción violenta.

Asimismo, el Tribunal rechazó que existiera un contexto de violencia de género que pudiera funcionar como atenuante, al considerar que no hubo relación causal entre eventuales episodios previos y el crimen. Según la sentencia, el hecho estuvo motivado por celos y fue ejecutado con claridad antes, durante y después del ataque.

El caso marca un antecedente poco frecuente: una mujer condenada a prisión perpetua por asesinar a su pareja en un contexto que invierte el patrón habitual. Incluso aplicando perspectiva de género, los jueces concluyeron que la agresora tuvo un rol activo, violento y dominante, sin que existan atenuantes que modifiquen la calificación del delito.

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El testigo que había señalado a los presuntos responsables no ratificó sus dichos en una nueva declaración y ahora enfrenta una causa por falso testimonio. Su retractación debilitó por completo la imputación y dejó sin sustento la acusación inicial.

Con el avance de la causa, la Justicia reunió evidencias y corroboró testimonios que permitieron confirmar la inocencia de los hermanos Portillo, de 22 y 31 años, quienes habían permanecido detenidos durante diez días. Ambos lograron demostrar sus coartadas: uno se encontraba en su vivienda junto a su familia, mientras que el otro participaba de una fiesta en Pontevedra con su pareja. Además, el análisis de sus teléfonos respaldó sus versiones.

Ante este escenario, el fiscal Adrián Arribas dispuso su inmediata liberación, mientras la investigación continúa con nuevas líneas para dar con los verdaderos autores del crimen.

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El episodio ocurrió este domingo en la intersección de Árabes Unidas y Curumalal, donde se produjo una discusión que derivó en un enfrentamiento armado entre grupos enfrentados por intereses contrapuestos en la comercialización de lotes.

En medio de la pelea, la víctima, identificada como Daiana Abigail Rojas, de 29 años, recibió un disparo en el tórax y fue trasladada al hospital Simplemente Evita, donde falleció. Otro de los involucrados resultó herido en el abdomen.

Tras tareas investigativas realizadas por el Grupo Táctico Operativo (GTO), se determinó que una mujer de 22 años habría efectuado el disparo mortal. La sospechosa fue detenida luego de allanamientos realizados el lunes, en los que además se secuestraron cuatro armas de fuego —dos pistolas calibre .380 y una 9 mm—, municiones, teléfonos celulares y los vehículos utilizados en el hecho. Tres de las armas tenían pedido de secuestro por robos previos.

La causa es investigada por la fiscalía de Homicidios de La Matanza, que ordenó las diligencias de rigor. En tanto, continúa la búsqueda de dos individuos señalados como partícipes del enfrentamiento, uno de los cuales resultó herido durante el episodio.

Los investigadores sostienen que el conflicto por la ocupación ilegal de terrenos fue el detonante del crimen, aunque el hecho aún se encuentra en plena etapa de investigación.

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El hecho ocurrió cuando dos delincuentes a bordo de un Peugeot 208 frenaron de golpe delante de la Volkswagen T-Cross en la que circulaba el oficial principal Diego Méndez (40). Bajo amenazas de muerte —“¡Bajate o te quemo!”— le apuntaron a través de la ventanilla. El agente se identificó como personal policial y respondió efectuando disparos.

Según informaron fuentes del caso, durante el enfrentamiento los asaltantes también dispararon al menos tres veces. Sin embargo, datos exclusivos indican que uno de los delincuentes, el que logró escapar, continuó efectuando disparos por la espalda contra el efectivo mientras huía, un detalle que no fue reflejado en algunos reportes iniciales.

En medio del tiroteo, uno de los sospechosos, identificado como Marcelo David González (41), con antecedentes penales, recibió dos impactos de bala —uno en el tórax y otro en el rostro— y cayó en la vereda. Su cómplice logró darse a la fuga.

El herido fue trasladado al hospital Güemes, donde permanece internado en estado reservado y con custodia policial. En su poder se secuestró una pistola calibre .380 con cinco municiones, la cual tenía pedido de secuestro por robo. Además, el vehículo en el que se movilizaban también había sido robado.

La fiscalía interviniente no adoptó medidas contra el uniformado al considerar que actuó en legítima defensa.

Por otra parte, trascendió que el oficial Méndez ya había participado en un hecho de alta peligrosidad en la comisaría de San Justo, donde delincuentes armados intentaron tomar la dependencia para rescatar a un detenido. En aquella ocasión, tras asistir a una compañera herida y repeler la agresión, logró salvarle la vida u fue condecorado.

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En las imágenes se observa a un hombre esperando en la vereda para ser atendido en un comercio, mientras otro aguarda dentro de una camioneta Fiorino roja. En ese momento, dos individuos aparecen caminando y un auto intenta cerrarle el paso al utilitario.

Al advertir la situación, el hombre que estaba afuera sale corriendo y el conductor de la camioneta logra escapar a toda velocidad. Sin concretar el robo, uno de los delincuentes efectuó un disparo contra el vehículo antes de huir.

 

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Durante el diálogo con los conductores Carlos “Charly” Terraza y Sebastián Bandera Vila, la mujer afirmó que tanto Dylan como Brian Portillo se encontraban en una fiesta en Pontevedra al momento del hecho. Según explicó, existen videos, registros horarios y testigos que ubican a los jóvenes en ese lugar alrededor de las 6:20 de la mañana, mientras que el crimen ocurrió cerca de las 6:29, lo que —según planteó— haría imposible su participación.

La acusación, de acuerdo al relato familiar, se sostiene principalmente en el testimonio de un único testigo que se presentó de manera espontánea y dijo reconocer a los jóvenes en un video de baja calidad. Además, señalaron inconsistencias en su declaración, ya que inicialmente habría indicado a una persona como autora del disparo y luego cambió su versión.

Fuentes del caso indican que, si se comprueba que la coartada es verídica y los acusados no mintieron ante la Justicia, podrían recuperar la libertad en las próximas horas.

La causa sigue en investigación, y fuentes del caso informaron a este medio que habría un nuevo detenido.

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