En medio de un escenario económico complejo y de fuertes debates sobre el financiamiento del sistema educativo en Argentina, el municipio de La Matanza volvió a desplegar uno de sus programas educativos más importantes: la entrega de más de un millón de manuales, libros y kits escolares destinados a estudiantes de jardines de infantes, escuelas primarias y secundarias del distrito.

La iniciativa, denominada “A la escuela mejor con libros”, beneficia a más de 500 mil alumnas y alumnos de establecimientos públicos y se sostiene con fondos municipales. El objetivo principal es garantizar el acceso a materiales educativos esenciales y, al mismo tiempo, colaborar con la economía de las familias frente al aumento del costo de la canasta escolar.

Desde el gobierno local remarcaron que el programa se mantiene activo desde hace varios años y que ya se convirtió en una política educativa permanente dentro del distrito. Según datos oficiales, la propuesta lleva casi una década de implementación y contempla la distribución anual de libros de texto, manuales pedagógicos y cientos de miles de kits de útiles escolares.

El intendente Fernando Espinoza destacó durante una de las jornadas de entrega que la educación continúa siendo una prioridad para el municipio. Además, sostuvo que cada material entregado representa una herramienta concreta para ampliar oportunidades y fortalecer el aprendizaje de niñas, niños y adolescentes.

Las actividades se desarrollaron en distintas instituciones educativas del distrito y contaron también con la participación de autoridades provinciales y referentes del área educativa. En años anteriores, el programa fue acompañado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof y funcionarios educativos provinciales, quienes respaldaron la continuidad de políticas de asistencia escolar.

El municipio sostiene además que la iniciativa forma parte de una estrategia más amplia vinculada al fortalecimiento de la educación pública. En ese marco, La Matanza fue reconocida años atrás por la UNESCO como “Ciudad del Aprendizaje”, una distinción otorgada por sus programas de inclusión educativa, capacitación y acceso a herramientas pedagógicas.

La continuidad del programa se da en un contexto nacional atravesado por recortes presupuestarios y discusiones en torno al financiamiento educativo. Desde distintos sectores municipales señalaron que la entrega de materiales escolares busca compensar dificultades económicas que atraviesan numerosas familias al inicio del ciclo lectivo.

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El conflicto universitario volvió a escalar en Argentina luego de que federaciones docentes anunciaran un paro nacional de una semana que afectará el normal dictado de clases en universidades públicas de todo el país. La medida fue definida tras la reciente Marcha Federal Universitaria, donde estudiantes, docentes, no docentes y autoridades académicas reclamaron mayor presupuesto y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Las principales organizaciones sindicales del sector confirmaron que la huelga se desarrollará entre el 26 y el 30 de mayo, en medio de un clima de creciente tensión con el Gobierno nacional. Los gremios denuncian que el Ejecutivo continúa sin convocar a negociaciones paritarias y mantiene congeladas partidas presupuestarias esenciales para el funcionamiento de las casas de estudio.

Desde el ámbito universitario advierten que el deterioro financiero ya afecta actividades académicas, investigación científica, becas estudiantiles y el funcionamiento de hospitales universitarios. Según datos difundidos por el Consejo Interuniversitario Nacional, las universidades nacionales arrastran una pérdida significativa de recursos desde 2023, agravada por la inflación y la falta de actualización presupuestaria.

El eje central del conflicto continúa siendo la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y posteriormente judicializada. Mientras sectores académicos exigen su inmediata implementación, el Gobierno sostiene que su cumplimiento pondría en riesgo el equilibrio fiscal y el objetivo de déficit cero. La discusión ya llegó a la Corte Suprema, que deberá resolver sobre la validez de las medidas adoptadas por el Ejecutivo.

La protesta universitaria sumó un fuerte respaldo social durante la movilización realizada el 12 de mayo, considerada una de las más masivas de los últimos meses. En distintos puntos del país se realizaron clases públicas, actos y movilizaciones en defensa de la educación pública. Los organizadores sostienen que el reclamo no responde únicamente a una cuestión salarial, sino también a la preservación del sistema universitario argentino.

Rectores y sindicatos coinciden en que la situación financiera se volvió crítica y alertan sobre dificultades para sostener gastos operativos básicos, infraestructura y servicios esenciales. En algunas universidades incluso se reportaron complicaciones para garantizar el funcionamiento pleno de hospitales y laboratorios.

Mientras tanto, el Gobierno nacional insiste en que las universidades deben garantizar el dictado de clases y cuestiona la utilización política de las protestas. Desde los gremios, en cambio, aseguran que las medidas de fuerza continuarán si no hay respuestas concretas durante las próximas semanas.

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La Administración Nacional de la Seguridad Social habilitó durante 2026 la presentación de la Libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH), el documento necesario para cobrar el 20% acumulado que se descuenta mensualmente del beneficio.

Este mecanismo funciona como una forma de control para verificar que los niños, niñas y adolescentes cumplan con la asistencia escolar, el calendario obligatorio de vacunación y los controles médicos correspondientes. Una vez acreditada esa información, el organismo libera el dinero retenido durante el período anterior.

La gestión puede realizarse de manera completamente online a través de Mi ANSES o desde la aplicación oficial del organismo. El formulario válido es el que se genera desde la plataforma digital y luego debe ser completado por la institución educativa y el centro de salud correspondiente.

Cómo hacer el trámite

Para acceder al cobro del monto acumulado, los titulares deben ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social en el portal oficial de ANSES. Allí podrán consultar si falta presentar la Libreta y descargar el formulario correspondiente.

Después de completar los datos de salud y escolaridad, el documento debe subirse nuevamente al sistema. Según informó el organismo previsional, el pago del dinero retenido suele acreditarse dentro de los 60 días posteriores a la validación del trámite.

Qué pasa si no se presenta la Libreta

La presentación de la Libreta AUH es obligatoria. Quienes no completen el trámite dentro de los plazos establecidos pueden perder el derecho a cobrar el porcentaje retenido del beneficio.

Además, ANSES recordó que el documento no solo habilita el cobro del monto acumulado, sino que también permite mantener actualizados los controles vinculados a salud y educación de los menores.

Cuáles son los montos retenidos

El dinero que se libera corresponde al 20% que ANSES descuenta mes a mes de la asignación. El valor final depende de la cantidad de hijos, del tiempo durante el cual se cobró la prestación y de las actualizaciones aplicadas durante el año.

Desde el organismo remarcaron que el trámite puede hacerse sin turno previo y de forma digital, lo que agiliza el acceso al cobro para miles de familias de todo el país.

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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) decidió dar un giro en su política judicial respecto de las demandas impulsadas por jubilados y pensionados que cuestionan el cobro del impuesto a las Ganancias sobre sus haberes previsionales. A partir de ahora, el organismo dejará de apelar las sentencias que resulten favorables para los beneficiarios.

La determinación quedó establecida mediante la Instrucción General 4/2026 de la Subdirección General de Asuntos Jurídicos, donde se instruyó a los representantes fiscales a no presentar nuevos recursos ante la Corte Suprema en este tipo de expedientes. Además, también se dispuso desistir de las apelaciones ya iniciadas que aún no tengan resolución definitiva.

Según se indicó oficialmente, la decisión responde al criterio reiterado que viene sosteniendo la Corte Suprema de Justicia desde hace varios años, con fallos que declararon inconstitucional la aplicación del tributo sobre jubilaciones en determinados casos de vulnerabilidad.

El antecedente central que marcó la jurisprudencia fue el fallo “García, María Isabel c/ AFIP”, dictado en marzo de 2019. En esa oportunidad, el máximo tribunal entendió que el cobro del impuesto sobre haberes previsionales podía resultar confiscatorio y vulnerar derechos constitucionales en personas mayores con problemas de salud o situaciones económicas delicadas.

A partir de ese precedente, distintos tribunales del país comenzaron a emitir resoluciones similares, mientras que la Corte continuó rechazando apelaciones presentadas por el Estado nacional. Frente a ese escenario, ARCA resolvió modificar su estrategia para evitar continuar acumulando costos judiciales y erogaciones para el Fisco.

La nueva postura representa un cambio significativo respecto de la política histórica del organismo recaudador, que tradicionalmente agotaba todas las instancias posibles en litigios tributarios.

Actualmente, alrededor de 130 mil jubilados continúan alcanzados por el impuesto a las Ganancias, especialmente aquellos cuyos ingresos superan el equivalente a ocho jubilaciones mínimas. Según estimaciones oficiales, ese piso ronda hoy los 3,1 millones de pesos mensuales.

Especialistas en derecho previsional consideran que la decisión podría acelerar la resolución de numerosos juicios que llevan años en trámite y reducir considerablemente los tiempos judiciales para quienes reclaman el reintegro de descuentos aplicados sobre sus haberes.

La medida también podría generar un impacto administrativo importante dentro de ARCA, ya que permitirá disminuir litigios que, en la práctica, venían mostrando escasas posibilidades de éxito ante los antecedentes judiciales existentes.

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Una investigación judicial permitió desmantelar una supuesta clínica clandestina que funcionaba en la localidad bonaerense de González Catán y que, según las autoridades, operaba mediante una compleja maniobra fraudulenta que perjudicaba tanto a pacientes como a profesionales de la salud.

El procedimiento fue realizado por fuerzas policiales junto con personal judicial, luego de varias denuncias que alertaban sobre irregularidades en el funcionamiento del establecimiento. De acuerdo con la pesquisa, el lugar ofrecía prestaciones médicas utilizando matrículas falsas pertenecientes a más de 50 profesionales, muchos de los cuales desconocían completamente que sus datos estaban siendo utilizados.

Durante los allanamientos, los investigadores secuestraron documentación, sellos, recetas apócrifas, computadoras y teléfonos celulares que ahora serán peritados para determinar el alcance total de la maniobra. Además, las autoridades detectaron que el centro no contaba con habilitación correspondiente ni con las condiciones sanitarias exigidas para funcionar como institución médica.

Como resultado del operativo, seis personas quedaron detenidas. Entre ellas se encuentran dos sospechosos con antecedentes penales por delitos graves, entre ellos homicidio y robo de camiones, lo que encendió aún más las alarmas de los investigadores sobre la posible estructura criminal detrás del falso centro de salud.

La causa busca determinar desde cuándo operaba la organización y cuántos pacientes pudieron haber sido afectados. Los investigadores sospechan que el esquema no solo apuntaba a cobrar consultas y prácticas médicas de manera ilegal, sino también a captar datos personales y documentación sensible de quienes acudían al lugar.

Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que varios médicos comenzaron a detectar irregularidades cuando aparecían vinculados a recetas, certificados y estudios que jamás habían emitido. A partir de esas denuncias se inició una tarea de seguimiento que permitió identificar el inmueble y avanzar con los allanamientos.

La utilización de matrículas adulteradas representa un delito grave, ya que pone en riesgo la salud pública y vulnera la confianza de los pacientes. Especialistas del sector advirtieron que este tipo de maniobras pueden derivar en diagnósticos incorrectos, tratamientos peligrosos y complicaciones médicas severas.

La investigación continúa y no se descartan nuevas detenciones en los próximos días. La Justicia intenta establecer si existían otros centros vinculados a la misma organización y si la red operaba también en otras localidades del conurbano bonaerense.

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El Partido Justicialista realizó una nueva reunión de su Congreso Nacional en la histórica sede de la calle Matheu 130, en la Ciudad de Buenos Aires, en un encuentro que tuvo como principal objetivo comenzar a reorganizar el espacio político de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

La convocatoria reunió a dirigentes de peso del peronismo, vicepresidentes partidarios y representantes de distintas provincias, varios de los cuales participaron de manera virtual. La actividad se desarrolló en un contexto de debates internos sobre liderazgos, alianzas y la construcción de una alternativa opositora frente al gobierno de Javier Milei.

Fuentes partidarias señalaron que la intención del encuentro fue iniciar un proceso de ordenamiento político luego de meses marcados por tensiones internas y discusiones sobre el rumbo del movimiento justicialista. Además, el Congreso sirvió para avanzar en definiciones vinculadas a la organización institucional del partido y la normalización de distritos intervenidos.

Entre los temas tratados apareció la situación de las provincias de Salta y Jujuy, donde se analizan fechas para futuras elecciones partidarias. La cuestión tomó relevancia luego de distintas resoluciones judiciales que impactaron en la conducción local del espacio político.

Otro de los ejes debatidos estuvo relacionado con los proyectos impulsados por el Gobierno nacional en el Congreso, especialmente las iniciativas vinculadas a la reforma electoral, la eliminación de las PASO, los cambios en el financiamiento de los partidos políticos y el debate sobre ficha limpia.

La reunión también dejó en evidencia la intención del peronismo de recuperar protagonismo en el escenario nacional. En las últimas semanas, distintos sectores del PJ comenzaron a impulsar encuentros, mesas de debate y congresos temáticos con el objetivo de fortalecer la estructura partidaria y reconstruir una propuesta política competitiva.

En paralelo, continúan las discusiones internas sobre el liderazgo opositor y el armado territorial de cara al próximo turno electoral. Gobernadores, intendentes, sindicalistas y dirigentes legislativos buscan posicionarse dentro de un esquema que todavía se encuentra en plena redefinición.

Desde el espacio consideran que los próximos meses serán determinantes para consolidar acuerdos y comenzar a delinear candidaturas, estrategias legislativas y una agenda política común que permita al justicialismo volver a disputar el poder nacional en 2027.

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El Gobierno nacional confirmó que durante los primeros días de junio comenzará a circular el nuevo billete de $100.000, una pieza monetaria que tendrá la imagen del prestigioso médico y cardiocirujano argentino René Favaloro como figura central. La emisión fue anunciada por el Banco Central, que explicó que el objetivo principal es simplificar las operaciones de gran volumen y disminuir los costos asociados a la impresión y traslado de efectivo.

La nueva denominación se convertirá en la más alta vigente dentro del sistema monetario argentino y convivirá con el resto de los billetes actualmente en circulación. Según detallaron desde la autoridad monetaria, la incorporación será gradual y alcanzará tanto a bancos como a cajeros automáticos en distintas etapas.

El diseño elegido busca homenajear a una de las personalidades más reconocidas de la medicina nacional. El billete incluirá referencias visuales a la trayectoria profesional de Favaloro y al desarrollo científico y sanitario de la Argentina. El médico es reconocido internacionalmente por haber desarrollado la técnica del bypass coronario, un avance que revolucionó la cirugía cardiovascular en todo el mundo.

Desde el Banco Central señalaron que la incorporación de billetes de mayor denominación responde a la necesidad de agilizar el movimiento de dinero en efectivo en un contexto económico marcado por la inflación y el aumento sostenido de precios. Actualmente, muchas operaciones requieren grandes cantidades de billetes de baja denominación, lo que incrementa costos logísticos y complica tareas bancarias y comerciales.

La decisión también volvió a instalar el debate sobre el valor real del peso argentino y el crecimiento de los medios de pago digitales. En los últimos años, las transferencias electrónicas, billeteras virtuales y pagos con QR ganaron terreno frente al uso tradicional del efectivo, especialmente en grandes centros urbanos.

Aun así, especialistas remarcan que una parte importante de la economía cotidiana continúa dependiendo del dinero físico, sobre todo en sectores informales y en regiones donde la digitalización financiera todavía es limitada. Por ese motivo, el lanzamiento del billete de $100.000 apunta a reducir la cantidad de unidades necesarias para determinadas operaciones y facilitar el manejo de efectivo.

La llegada de esta nueva denominación se suma a una serie de cambios implementados recientemente en el sistema monetario argentino, en medio de un escenario económico donde la inflación continúa siendo uno de los principales desafíos para el Gobierno nacional.

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La Justicia Federal ordenó al Gobierno nacional regularizar en un plazo máximo de 72 horas la cadena de pagos destinada a las prestaciones vinculadas a personas con discapacidad. La resolución fue firmada por el juez federal Hugo Vaca Narvaja y alcanza tanto al PAMI como al Ministerio de Salud de la Nación, organismos que deberán adoptar medidas urgentes para garantizar el funcionamiento del sistema.

La decisión judicial surgió luego de una presentación impulsada por entidades y prestadores del sector que denunciaron demoras en los pagos, situaciones de endeudamiento y dificultades para sostener servicios fundamentales destinados a miles de beneficiarios. Entre las principales preocupaciones se encuentran las prestaciones destinadas a personas que cuentan con pensiones no contributivas y el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

En la resolución, el magistrado consideró que la interrupción o el retraso en los pagos podría afectar derechos esenciales de una población especialmente vulnerable. Por ese motivo, dispuso que las autoridades nacionales arbitren de manera inmediata los mecanismos necesarios para garantizar la continuidad de las prestaciones médicas, terapéuticas, educativas y de transporte.

El conflicto se agravó en las últimas semanas debido a reclamos de instituciones y profesionales que alertaron sobre una situación económica crítica. Diversos centros de atención y transportistas señalaron que los atrasos acumulados dificultan el pago de salarios, combustible, alquileres y otros costos operativos indispensables para continuar brindando servicios.

Organizaciones vinculadas a la discapacidad advirtieron además que muchas familias dependen exclusivamente de estas prestaciones para acceder a tratamientos de rehabilitación, acompañamiento terapéutico y asistencia integral. En ese contexto, remarcaron que cualquier interrupción puede tener consecuencias directas sobre la salud y la calidad de vida de los pacientes.

El fallo judicial también puso el foco en la obligación del Estado de garantizar el acceso a derechos protegidos por normas nacionales e internacionales. Entre ellas, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, incorporada a la legislación argentina, que establece la responsabilidad estatal de asegurar condiciones de igualdad e inclusión.

Mientras tanto, prestadores y asociaciones continúan reclamando una actualización de aranceles y mecanismos de pago más ágiles para evitar nuevas demoras. El sector sostiene que la inflación y el aumento de costos provocaron un fuerte deterioro financiero que compromete la sustentabilidad del sistema.

La resolución judicial representa un nuevo capítulo en la tensión entre el Gobierno y las organizaciones vinculadas a la discapacidad, en un escenario marcado por ajustes presupuestarios y crecientes reclamos por el sostenimiento de políticas públicas esenciales.

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Por Miguel Saredi

En tiempos donde la inseguridad domina gran parte de la agenda pública, muchas veces la política cae en el facilismo de discutir únicamente castigos, endurecimiento de penas o medidas efectistas. Sin embargo, la verdadera discusión de fondo debería ser otra: qué hacemos como sociedad con nuestros niños y adolescentes antes de que el delito, la droga y la marginalidad los terminen capturando.

Porque la seguridad no empieza en una comisaría. Empieza mucho antes.

Empieza cuando el Estado decide invertir en niñez, en educación, en salud mental, en recuperación y en oportunidades. Empieza cuando existe una decisión política de no abandonar a una generación entera a la exclusión y la desesperanza.

En ese contexto, la construcción del nuevo Complejo Abasto del programa Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires debe entenderse como mucho más que una obra de infraestructura. Debe entenderse como una señal política y social profundamente importante.

Mientras algunos sectores reducen el debate a slogans de mano dura, la Provincia avanza con una inversión concreta para mejorar el abordaje de adolescentes en conflicto con la ley penal, creando espacios adecuados para la contención, la formación y la reinserción social.

Y esto es clave: recuperar a un menor no beneficia solamente al joven. Beneficia a toda la sociedad.

Cada adolescente que vuelve a estudiar, que recibe asistencia profesional, que accede a capacitación laboral y logra reconstruir un proyecto de vida es un delito menos en el futuro, una familia recuperada y un barrio más seguro.

Por eso el Complejo Abasto representa una visión moderna e inteligente de la seguridad pública.

No se trata simplemente de alojar jóvenes. Se trata de generar condiciones reales para trabajar sobre las causas profundas que muchas veces llevan a un adolescente al conflicto con la ley penal: pobreza extrema, abandono escolar, violencia familiar, consumo problemático y falta total de oportunidades.

Durante años, Argentina convivió con sistemas precarios, deteriorados y muchas veces desbordados para abordar estas problemáticas. Y cuando el Estado trabaja en malas condiciones, el resultado suele ser peor: más violencia, más reincidencia y más exclusión.

La Provincia de Buenos Aires decidió avanzar en otro sentido. Con recursos propios y en un contexto económico extremadamente complejo, continúa sosteniendo inversiones vinculadas a niñez y adolescencia, aun cuando el Estado nacional ha dejado prácticamente a la deriva muchos de estos temas fundamentales para el futuro de la sociedad.

Ese esfuerzo merece ser destacado.

Porque mientras se paralizan obras, se ajustan programas y se retira el acompañamiento nacional en áreas sensibles, la Provincia continúa apostando a políticas públicas que buscan prevenir el delito desde una mirada integral y humana.

Y eso también es defender a la sociedad.

Muchas veces se instala falsamente que invertir en menores en conflicto con la ley penal significa “beneficiar delincuentes”. Nada más alejado de la realidad. Lo que se busca es evitar que esos jóvenes queden definitivamente atrapados por circuitos criminales que después generan más violencia y más víctimas.

La experiencia mundial demuestra que los países que lograron reducir seriamente la delincuencia juvenil no lo hicieron únicamente endureciendo penas. Lo hicieron fortaleciendo políticas de inclusión, educación, salud mental y recuperación social.

Porque llegar antes siempre cuesta menos que llegar tarde.

Cada peso invertido en niñez evita enormes costos futuros en violencia, narcotráfico, sistema penitenciario y destrucción social. Cada chico recuperado es una oportunidad ganada para toda la comunidad.

El Complejo Abasto simboliza precisamente eso: la decisión de no resignarse. La decisión de intervenir antes de que el delito termine destruyendo definitivamente la vida de miles de jóvenes.

La política tiene la obligación de animarse a discutir estas cosas con responsabilidad y sin especulación electoral. Es mucho más sencillo construir discursos desde el enojo o el miedo. Lo difícil es sostener políticas públicas profundas que den resultados a largo plazo.

Pero gobernar no es gritar más fuerte. Gobernar es resolver problemas.

Y si queremos una sociedad verdaderamente más segura, debemos entender de una vez por todas que invertir en menores es invertir en seguridad, en paz social y en futuro.

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La atención odontológica para afiliados del PAMI atraviesa una nueva crisis luego de que profesionales vinculados al sistema anunciaran la suspensión de turnos para jubilados y pensionados debido a demoras en los pagos y a la falta de actualización de honorarios.

La decisión fue confirmada por la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral y Afines (APPAMIA), entidad que sostuvo que numerosos odontólogos ya no pueden sostener económicamente las prestaciones debido al incremento de costos en materiales, insumos y prótesis.

Según explicaron desde el sector, la problemática se arrastra desde hace varios meses y afecta tanto a profesionales independientes como a clínicas y consultorios que trabajan con afiliados de la obra social. Los reclamos apuntan principalmente a retrasos en las liquidaciones y a aranceles que consideran insuficientes frente al contexto económico actual.

La situación comenzó a sentirse con fuerza en hospitales públicos y universitarios. Durante las primeras horas de la mañana, decenas de personas se acercaron al Hospital Odontológico Universitario en busca de atención gratuita o turnos alternativos, ante la incertidumbre por la continuidad de las prestaciones privadas.

Fuentes vinculadas al conflicto señalaron que algunos odontólogos perciben montos que rondan los 2.100 pesos por atención, cifras que —afirman— no alcanzan para cubrir gastos básicos de funcionamiento. En otras provincias, entidades odontológicas ya habían advertido durante los últimos meses sobre problemas similares vinculados al sistema de cápitas y a la falta de pago de prestaciones y prótesis.

El conflicto no solo impacta en los profesionales, sino también en miles de jubilados que dependen exclusivamente del PAMI para acceder a controles, tratamientos y prótesis dentales. Especialistas remarcan que la salud bucal es clave para la alimentación y la calidad de vida de los adultos mayores, especialmente en pacientes con enfermedades crónicas.

Mientras tanto, desde distintos sectores reclaman una pronta respuesta de las autoridades nacionales para evitar una interrupción prolongada de los servicios. La incertidumbre crece entre los afiliados, que ahora deben recurrir al sistema público o afrontar tratamientos particulares con costos difíciles de sostener.

La crisis odontológica se suma a otros reclamos que desde comienzos de año vienen realizando prestadores de distintas áreas de salud vinculadas al PAMI, quienes denuncian atrasos en pagos y dificultades para mantener la atención regular.

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