Este viernes 27 de febrero, diversas organizaciones sindicales y sociales realizaron una masiva jornada de lucha en el Congreso de la Nación en rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno, que se debate en el Senado argentino. La medida incluyó paro nacional, protestas y críticas al impacto esperado sobre derechos laborales.
El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), un bloque que agrupa a sindicatos combativos, protagonizó hoy una fuerte movilización al Congreso en el marco de la discusión parlamentaria sobre la controvertida reforma laboral promovida por el Poder Ejecutivo. La actividad incluyó un paro nacional, que comenzó con concentraciones desde temprano en la mañana en el centro porteño y se extendió a distintas provincias.
La movilización, que partió desde Avenida de Mayo y Salta hacia la Plaza Congreso, se realizó bajo la consigna principal de rechazar los cambios al régimen laboral que, según sus convocantes, profundizarían la precarización del trabajo, reducirían indemnizaciones por despido y limitarían derechos conquistados históricamente.
El FreSU —que integra sindicatos del transporte, estatales, del sector metalúrgico, aceiteros y agrupaciones sociales— decidió distanciarse del enfoque de la principal central sindical, que optó por no convocar a una nueva huelga general con movilización este viernes y enfocará sus esfuerzos en la presentación de recursos judiciales contra el proyecto si llega a sancionarse.
Entre los sectores que participaron de las acciones se destacaron trabajadores del Estado, empleados del transporte y de industrias clave, así como movimientos sociales que denunciaron un contexto de crisis económica y pérdida de derechos laborales. Además de la protesta en Buenos Aires, diversas regionales sindicales replicaron medidas de fuerza en distintas ciudades del país.
El clima de enfrentamiento con las medidas oficiales se da mientras el Senado debate una profunda modificación del marco laboral argentino, que incluye, entre otras propuestas, flexibilización de jornadas laborales, cambios en las indemnizaciones por despido y ajustes en las negociaciones colectivas. La discusión ha generado un marcado rechazo de sindicalistas, opositores políticos y diversos sectores productivos.