La adjudicación por más de $114 millones a una institución dirigida por María Josefina Rouillet, esposa del ministro de Desregulación, abrió cuestionamientos por el procedimiento elegido y el vínculo familiar con un integrante del Gabinete nacional.
La reciente adjudicación de un contrato para la capacitación en idioma inglés del personal diplomático volvió a colocar en el centro del debate público la relación entre funcionarios del Gobierno y proveedores del Estado. La decisión de la Cancillería de otorgar el servicio a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), dirigida por María Josefina Rouillet —esposa del ministro Federico Sturzenegger— generó controversia tanto en ámbitos políticos como administrativos.
El acuerdo contempla un monto total de $114.044.133 y fue formalizado mediante un procedimiento de adjudicación simple por especialidad, sin instancia de licitación abierta. El servicio está destinado a la formación lingüística del personal del Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN) y de otras áreas del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el marco del Plan Estratégico de Capacitación 2025–2027.
La figura de Rouillet quedó rápidamente en el centro de la discusión debido a su vínculo matrimonial con el titular de la cartera encargada de impulsar recortes y reformas estructurales en el Estado. Desde distintos sectores se señaló la contradicción política entre el discurso oficial de reducción del gasto público y la adjudicación directa a una entidad conducida por la esposa de un ministro.
El procedimiento y los controles activados
Según consta en la documentación administrativa, el proceso incluyó la activación del mecanismo de integridad previsto en el Decreto 202/2017, precisamente por la existencia de un vínculo familiar entre una autoridad de la entidad adjudicataria y un integrante del Poder Ejecutivo. La Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación intervinieron en el expediente para evaluar posibles conflictos de intereses.
Desde el Gobierno se argumentó que la contratación respondió a la continuidad de un programa de capacitación que la misma institución viene desarrollando desde años anteriores y que el proceso se ajustó a los controles establecidos. Sin embargo, la ausencia de una licitación abierta generó cuestionamientos sobre la posibilidad de que otros institutos pudieran competir por el servicio.
El rol de la esposa del ministro, eje de la controversia
Más allá de los aspectos técnicos del contrato, el elemento que concentró la atención pública fue el rol de Rouillet como directora ejecutiva de la entidad beneficiada. Su posición dentro de la institución y la simultánea función de su esposo como ministro encargado de promover reformas estatales alimentaron el debate político sobre la transparencia y la oportunidad de la decisión administrativa.
El contrato tiene una duración inicial de nueve meses, con opción de prórroga por un período similar, y establece un esquema de pagos escalonado, que incluye un anticipo y desembolsos posteriores sujetos a resultados académicos y evaluaciones finales.
Mientras el oficialismo sostiene que el procedimiento fue regular y contó con controles institucionales, sectores opositores adelantaron posibles presentaciones judiciales para que se investigue la contratación. El episodio volvió a poner en discusión los límites entre legalidad administrativa y ética pública en la contratación estatal.