La iniciativa fija la edad de punibilidad en 14 años, establece penas máximas de hasta 15 años y crea un sistema diferenciado con sanciones alternativas y enfoque socioeducativo
La aprobación en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina del nuevo Régimen Penal Juvenil abrió una nueva etapa en el debate sobre la responsabilidad penal adolescente. El proyecto, que ahora será tratado por el Senado de la Nación Argentina, introduce modificaciones profundas en el sistema vigente y redefine cómo el Estado abordará los delitos cometidos por menores de edad.
El principal cambio que propone la norma es la reducción de la edad de punibilidad a los 14 años. De aprobarse definitivamente, los adolescentes de 14 y 15 años podrán ser sometidos a proceso penal cuando estén involucrados en delitos graves, como homicidios, robos con violencia, abusos sexuales o secuestros. En estos casos, la pena máxima prevista será de hasta 15 años de prisión.
Uno de los ejes del proyecto es la diferenciación respecto del régimen penal adulto. La ley establece que las penas privativas de libertad deberán cumplirse en institutos especializados para adolescentes, con personal capacitado en infancia y adolescencia. Estos espacios deberán garantizar el acceso a la educación, atención médica integral y tratamientos específicos en casos de consumo problemático o salud mental, además de prohibir la convivencia con detenidos mayores de edad.
La iniciativa también incorpora un sistema de sanciones alternativas para delitos cuya escala penal sea menor a diez años. Entre las medidas previstas se encuentran la amonestación, el servicio comunitario, la prohibición de acercamiento a la víctima, restricciones para concurrir a determinados lugares, monitoreo electrónico y mecanismos de reparación del daño. El objetivo es priorizar respuestas socioeducativas antes que el encarcelamiento.
Otro punto relevante es la posibilidad de aplicar la suspensión del proceso a prueba y la mediación penal juvenil en infracciones leves, siempre con la participación de todas las partes y el consentimiento expreso de la víctima. Este mecanismo busca resolver conflictos sin avanzar hacia condenas privativas de libertad cuando la gravedad del hecho lo permita.
Con estos cambios, el proyecto apunta a modernizar el régimen penal juvenil vigente, incorporando herramientas que combinan sanción, responsabilidad y reinserción social, aunque el debate político y social sobre su alcance continúa abierto de cara al tratamiento en la Cámara alta.