La discusión salarial y el financiamiento universitario vuelven a tensar la relación entre los sindicatos docentes y el Gobierno nacional. Federaciones y asociaciones de base analizan paros, movilizaciones y un eventual no inicio de clases si no hay respuestas a los reclamos por presupuesto y recomposición salarial.
El escenario universitario argentino vuelve a mostrar señales de conflicto a pocas semanas del inicio del ciclo académico. Diversas organizaciones sindicales docentes definieron avanzar con un plan de lucha que incluye paros, movilizaciones y acciones de visibilización ante lo que consideran una persistente falta de respuestas oficiales frente al deterioro salarial y la situación presupuestaria de las universidades nacionales.
Durante un reciente plenario de secretarios generales de la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), se debatieron las medidas a adoptar frente al contexto actual. Entre los principales reclamos se destacan la reapertura de las negociaciones paritarias y la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, cuya implementación continúa siendo motivo de disputa entre los gremios y el Poder Ejecutivo.
Desde sectores sindicales se sostiene que el deterioro del poder adquisitivo de los salarios docentes se profundizó desde fines de 2023, en un contexto de inflación elevada y actualizaciones salariales consideradas insuficientes. Este diagnóstico coincide con el planteo de distintas federaciones docentes que, durante los últimos meses, impulsaron paros nacionales y acciones coordinadas en defensa del presupuesto universitario y de las condiciones laborales del sector.
Las medidas discutidas incluyen una jornada de paro y movilización en rechazo a reformas laborales impulsadas por el Gobierno, la posibilidad de una huelga durante el mes de marzo —sujeta a ratificación en asambleas— y la instalación de actividades públicas itinerantes junto a otros sectores del sistema educativo. Además, se plantea la eventual convocatoria a una nueva movilización universitaria de alcance nacional, en continuidad con las masivas protestas registradas durante 2024.
El conflicto se inscribe en una discusión más amplia sobre el financiamiento del sistema universitario. Los gremios sostienen que las universidades funcionan con recursos insuficientes y advierten que la falta de actualización presupuestaria afecta tanto el funcionamiento cotidiano como la continuidad de proyectos de investigación y extensión. A su vez, remarcan que la ausencia de negociaciones salariales regulares agrava la pérdida de ingresos del personal docente y no docente.
En paralelo, el debate político sobre la ley de financiamiento sigue abierto. La norma fue aprobada por el Congreso en medio de una fuerte presión del sistema universitario, pero su implementación continúa siendo cuestionada por los sindicatos, que consideran que no se tradujo en mejoras concretas. Este desacuerdo ha derivado incluso en instancias judiciales y en un clima de tensión permanente entre las universidades y el Ejecutivo nacional.
Frente a este panorama, las organizaciones gremiales anticipan que el inicio del ciclo lectivo podría verse afectado si no se registran avances en las próximas semanas. Mientras tanto, autoridades universitarias, docentes y estudiantes observan con preocupación un escenario que amenaza con extender el conflicto a lo largo del primer cuatrimestre del año.