La organización sindical docente cuestionó duramente el proyecto oficial y reclamó a los legisladores que frenen su avance en el Congreso, al considerar que vulnera derechos históricos de la clase trabajadora.
La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) manifestó nuevamente su rechazo absoluto a la reforma laboral promovida por el Poder Ejecutivo encabezado por Javier Milei y llamó a los legisladores de todas las fuerzas políticas a impedir su tratamiento y eventual aprobación en el Congreso de la Nación.
Desde la entidad sindical señalaron que la iniciativa oficial, presentada bajo el rótulo de “modernización laboral”, oculta un profundo retroceso en materia de derechos sociales y laborales. Según indicaron, el discurso que promete una mayor generación de empleo encubre, en realidad, un proceso de flexibilización que beneficia a los sectores empresariales y perjudica directamente a las y los trabajadores.
CTERA remarcó que el proyecto propone cambios que favorecen la precarización del empleo, debilitando las condiciones laborales conquistadas a lo largo de décadas de lucha sindical. En ese marco, advirtieron que se trata de una estrategia alineada con una visión política que busca reducir el rol del Estado y desmantelar las garantías laborales vigentes.
La organización también vinculó esta reforma con otras iniciativas impulsadas por el oficialismo, como el proyecto de Ley de Libertad Educativa, al que consideran un intento de mercantilizar la educación y desarticular el sistema público. Desde el gremio docente sostienen que ambas reformas responden a un mismo modelo de país, orientado por los valores del mercado y dependiente de intereses externos.
En ese sentido, CTERA afirmó que el proyecto debe ser rechazado en su totalidad y rechazó cualquier posibilidad de modificaciones parciales. Argumentaron que el espíritu general de la propuesta elimina principios fundamentales del derecho laboral, como la dignidad del trabajador y la justicia social.
Finalmente, alertaron sobre el impacto fiscal de la reforma, al señalar que la reducción de aportes patronales y beneficios impositivos implicaría una fuerte pérdida de recursos para el Estado nacional y las provincias, fondos que podrían destinarse a fortalecer áreas clave como la educación, la salud y las políticas sociales.