Con apoyos aún insuficientes, bloques opositores intentan llevar al recinto el rechazo al decreto que reforma la Ley de Inteligencia y genera fuertes cuestionamientos constitucionales.
A pocas semanas de la reactivación plena de la actividad parlamentaria, distintos bloques de la oposición en la Cámara de Diputados avanzan en una estrategia común para rechazar el decreto presidencial que modifica la Ley Nacional de Inteligencia y redefine el funcionamiento de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). La iniciativa oficial, publicada a fines de diciembre, encendió alertas tanto en el ámbito político como en organizaciones de derechos humanos.
El peronismo agrupado en Unión por la Patria impulsa la posibilidad de tratar el rechazo del DNU durante febrero y apunta al 11 de ese mes como fecha tentativa para llevar el debate al recinto. La intención es hacerlo coincidir con la sesión en la que el oficialismo buscará avanzar con la reforma laboral, lo que suma tensión al clima legislativo.
El decreto en cuestión es duramente criticado por habilitar a la SIDE a realizar aprehensiones sin orden judicial, además de ampliar su acceso a información sensible de provincias y municipios, administrar fondos reservados y compartir datos personales con agencias extranjeras sin autorización previa de la Justicia. Para la oposición, estas facultades vulneran garantías constitucionales básicas y refuerzan un esquema de poder con escasos controles democráticos.
En ese marco, más de veinte organizaciones de la sociedad civil calificaron algunos artículos del DNU como “manifiestamente inconstitucionales” y reclamaron al Congreso que avance con su rechazo. Entre los principales cuestionamientos se destaca la ausencia de mecanismos de control ciudadano y el fortalecimiento del secreto en el accionar del sistema de inteligencia.
Desde el punto de vista parlamentario, el debate también incluye una disputa reglamentaria. Mientras el oficialismo sostiene que durante las sesiones extraordinarias solo pueden tratarse los temas incluidos en el temario enviado por el Poder Ejecutivo, la oposición se apoya en la Ley 26.122, que regula el tratamiento de los DNU y habilita su discusión una vez vencidos los plazos correspondientes, aun cuando el decreto no figure en la agenda oficial.
Según los cálculos actuales, el rechazo al DNU reúne cerca de 122 voluntades, sumando a Unión por la Patria, el interbloque Unidos, la izquierda y algunos monobloques. Sin embargo, ese número todavía no alcanza para garantizar el quórum ni la mayoría simple, por lo que continúan las negociaciones con fuerzas provinciales, especialmente de Tucumán y Catamarca.