El presidente del organismo habría autorizado erogaciones por 180 millones de pesos pese a no contar con aprobación formal. La medida fue firmada por dos gerentes alineados con su gestión, en un contexto de denuncias judiciales y fuertes cuestionamientos administrativos.

El Mercado Central vuelve a quedar en el centro de la polémica tras conocerse que su presidente, Fabián Miguelez, habría dispuesto el pago de 180 millones de pesos en concepto de horas extras sin contar con la autorización del directorio del ente. La decisión se tomó en un escenario de presuntas irregularidades y mientras pesa sobre el funcionario una investigación judicial en curso.

El organismo es administrado de manera conjunta por el Estado nacional, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia. De acuerdo con las normas internas, la presidencia es rotativa, y Miguelez debía cesar en el cargo el pasado 31 de marzo. Sin embargo, continúa al frente del Mercado, pese a los cuestionamientos institucionales.

Según trascendió desde fuentes internas, la autorización de los pagos fue firmada por Silvana Paula Fontana, responsable de la Unidad General Jurídico-Administrativa, y por Jorge Gabriel Jozame Novoa, gerente de la Unidad General Operativa. Ambos funcionarios responden políticamente a Miguelez.

Fontana ya había sido designada por el mismo dirigente durante su anterior paso por el Mercado Central en tiempos del gobierno de Mauricio Macri. Aquella gestión terminó envuelta en causas penales vinculadas a hechos de corrupción, entre ellos contrataciones de familiares y allegados, uso irregular de gastos de representación y otras maniobras administrativas. En ese período también tuvo un rol relevante María Gabriela Durán, quien volvió a ocupar cargos jerárquicos y fue señalada como pieza clave en los mecanismos administrativos cuestionados.

En 2018, la Oficina Anticorrupción elaboró un informe de más de 90 páginas donde detalló numerosas anomalías en la gestión del Mercado Central, incluyendo un presunto desvío de 1.400 millones de pesos hacia siete empresas privadas. La acusación se apoyó en la declaración como arrepentido del ex gerente general del organismo.

Actualmente, Miguelez continúa siendo investigado por el Juzgado Federal de Morón por delitos como abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función pública y defraudación al Estado.

Fuente: www.lapoliticaonline.com