La oposición advierte que el oficialismo intenta aprobar antes de fin de año un paquete que recorta derechos, flexibiliza condiciones de trabajo y podría disparar los despidos.
El cierre del año parlamentario se volvió un territorio de máxima tensión. El Gobierno nacional, decidido a exhibir resultados ante los organismos internacionales, avanza con velocidad para aprobar su primer presupuesto y una reforma laboral que especialistas y sectores políticos consideran un retroceso histórico para los trabajadores.
Patricia Bullrich, una de las principales operadoras del debate legislativo, presiona para que la vicepresidenta Victoria Villarruel habilite de inmediato las comisiones que deben analizar el proyecto. Su objetivo es concreto: dictaminar esta misma semana y llevar la iniciativa al recinto el 19 de diciembre. Ese apuro, incluso para bloques dialoguistas, resulta incomprensible y confirma que el Ejecutivo está decidido a quitar derechos laborales cuanto antes, aun sin generar consensos.
Mientras tanto, el peronismo afina una batería de contrapropuestas centradas en la recomposición salarial y la reducción de la jornada laboral, dos ejes que chocan frontalmente con el proyecto libertario. Desde ese espacio volvieron a advertir que el plan oficialista “consolida un modelo de precarización con menos derechos, jornadas más extensas y remuneraciones más bajas”.
La CGT, que no asistió a la presentación del informe del Consejo de Mayo, convocó a su Consejo Directivo para analizar medidas. El escenario se vuelve vertiginoso: los legisladores electos asumen sus bancas en medio de una disputa feroz por la conformación de comisiones, paso clave para acelerar –o trabar– el avance de la reforma.
Desde la Casa Rosada se instruyó a los referentes parlamentarios libertarios a obtener una media sanción de la reforma laboral y del presupuesto antes de Navidad. El oficialismo tiene apenas diez días hábiles para cumplir esa meta, atravesado por las fiestas de fin de año y por un Congreso que, si bien reconoce la necesidad de actualizar normativas, no comparte el nivel de urgencia.
En el Senado, Bullrich aspira a tener listas las comisiones en cuestión de horas y no descarta asumir la presidencia de Trabajo para garantizar un tratamiento “a todo ritmo”. Aunque el texto aún no fue ingresado formalmente –según trascendió recién será firmado por el Presidente a su regreso del exterior–, Federico Sturzenegger ya brindó una capacitación interna a los legisladores libertarios para evitar tropiezos durante el debate.
Aun así, propios y aliados reconocen que será difícil que la reforma quede aprobada este año. Si el Senado lograra una media sanción exprés, Diputados recién la abordaría durante las sesiones extraordinarias de enero o incluso febrero. El clima político anticipa un cierre de año cargado de tensiones y con la sombra de un proyecto que, lejos de modernizar, podría desproteger a quienes trabajan.
