Represión frente al Congreso: golpearon al Padre Paco Olveira y detuvieron manifestantes en la marcha de los jubilados
Por Mariano Borras
Lo que debía ser una nueva jornada pacífica de reclamo por parte de jubilados frente al Congreso de la Nación, terminó una vez más en un episodio de represión, violencia institucional y abuso policial. Como cada miércoles, los jubilados se congregaron para exigir mejoras en sus condiciones de vida, el fin del ajuste y la restitución de derechos perdidos bajo las políticas del Gobierno Nacional. Sin embargo, la respuesta fue nuevamente gases, empujones, golpes y detenciones.
El despliegue represivo fue llevado adelante por Prefectura Naval Argentina, que se encontraba apostada desde temprano en las inmediaciones del Parlamento con el objetivo de aplicar el protocolo antipiquetes, una herramienta que el Gobierno de Javier Milei ha transformado en política sistemática frente a cualquier expresión de disconformidad popular.
Golpes a jubilados y agresión al Padre Paco Olveira
Pasadas las 16:00, comenzó la represión. Entre los presentes se encontraba el sacerdote Francisco “Paco” Olveira, del Grupo de Curas en Opción por los Pobres, quien fue herido en el rostro y reducido por la policía al intentar frenar la detención violenta de un manifestante. Vestía una camiseta de Boca con el número 9 de Martín Palermo y enfrentó a los agentes exclamando: “¡Soy el padre Paco! ¡No se lo van a llevar! ¡Llevame a mí si querés!”.
Olveira sufrió un corte debajo del ojo, producto de un golpe con un escudo policial. Aunque fue liberado, denunció la represión ante los medios: “La represión como siempre, pero al cura no se lo llevan detenido. Tengo coronita, el pueblo no. Me voy con mi compañero que está detenido y no hizo nada”.
Otros manifestantes, incluyendo jubilados y trabajadores de prensa, también fueron agredidos. Desde distintos espacios denunciaron que la represión comenzó incluso antes del horario de convocatoria, con un operativo intimidatorio y desproporcionado.
Un régimen que le teme a su propio pueblo
La represión a la marcha de los jubilados no es un hecho aislado, sino parte de una matriz autoritaria que el gobierno de Javier Milei viene profundizando desde el primer día. La ministra de Seguridad Patricia Bullrich ha convertido al “protocolo antipiquetes” en un instrumento de criminalización de la protesta social, dirigido especialmente contra los sectores más vulnerables: jubilados, cooperativistas, docentes y trabajadores informales.
Lejos de ser un plan de gobierno sólido, lo que demuestra el accionar represivo es el vacío político de un régimen que no tiene respuestas, solo castigo. Un gobierno que confunde autoridad con violencia, y debilidad con fuerza, incapaz de procesar el conflicto social mediante el diálogo o la política.
La represión violenta contra jubilados no solo hiere cuerpos, hiere símbolos. Atacar a quienes han trabajado toda su vida por el país, frente a su propio Congreso, es más que un exceso: es una señal clara de que el gobierno le teme al pueblo al que debería representar.
Milei, que se jacta de encarnar una revolución libertaria, gobierna con lógica de represión estatal, blindajes mediáticos y miedo al disenso. Su inseguridad como líder se expresa en cada valla, en cada operativo desmedido, en cada periodista golpeado y en cada jubilado arrastrado por la policía.
Lo que el régimen de Milei y Bullrich exhibe no es fortaleza, sino una profunda fragilidad política disfrazada de mano dura. Incapaces de construir consensos, recurren a la fuerza. Incapaces de contener la angustia social, ofrecen palos y escudos. Incapaces de representar a los sectores populares, deciden reprimirlos.
Silencio oficial, repudio generalizado
Hasta el momento, ni el Gobierno nacional ni el Ministerio de Seguridad emitieron declaraciones oficiales. El silencio ante la represión es tan grave como la represión misma. Desde organismos de derechos humanos, sindicatos y sectores de la oposición ya se exigió la liberación inmediata de los detenidos, una investigación de lo sucedido y el fin del uso sistemático de la violencia institucional.
En una democracia real, los reclamos no se callan con represión. En una república auténtica, los jubilados no son enemigos del Estado, sino su razón de ser.