Los sistemas tributarios regresivos, la alta evasión y elusión fiscal, los privilegios fiscales a las grandes corporaciones y riquezas, la ineficiencia de las políticas públicas son algunas de las causas que explican la crítica situación que vive el sistema. El reclamo se basa en investigaciones realizadas en Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana, que dan cuenta que no cumplen con el compromiso de asignar el 6% de su PBI a la educación.
La acción es impulsada por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), La Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd) y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe (RJFLAC) con el objetivo de posicionar a la justicia fiscal como eje fundamental para garantizar el derecho humano a la educación.
Adrián Falco, coordinador en Fundación SES y Co-presidente de Latindadd de Argentina, dio un panorama de cada país.
Argentina se destaca por ser el que más dinero destina al sector, a pesar de que solo alcanzó dicha meta del 6% de su PBI en 2015*. Desde 2016 se contrajo hasta llegar, en 2019, al 4,8%; exhibiendo un aumento real de la inversión en educación del 19% de su presupuesto en el año 2021 respecto al año anterior.
En cuanto a los valores alcanzados por el resto de los países, Colombia destinó, en los últimos años, un 4,5% de su PBI, Guatemala bajó a un 3% en 2021, Paraguay a un 3,3% en los últimos 5 años, Perú mostró tendencia positiva en los últimos 7 años llegando un 4,25% y R. Dominicana 3,75% (entre 2015 y 2021, y solo en 2020 ascendió a 4,52%).
Para revertir este panorama, los especialistas afirmaron que la clave está en atacar la evasión y elusión fiscal que es un mal que atraviesa a toda la región y avanzar en reformas. *La evasión tributaria representa un 4,5% del PBI en países como República Dominicana, 5% en Colombia, 8% en Perú, 7,9% en Paraguay, 18% en Guatemala. La CEPAL estima que en 2018, la región perdió 325 mil millones de dólares debido a la evasión y/o elusión fiscal. Este monto equivale a un 6.1 % del PIB o al 139% del gasto destinado a educación en 2019.