Con motivo de la visita de la Misión de FMI, la Comisión de Economía de la Convención Nacional de la UCR, ayer ha hecho llegar a la Delegación, la declaración adjunta firmada por su Presidente, y el Coordinador de la Comisión de Economía, el Dr Jorge Sappia, el Ing Miguel Ponce.

COMISIÓN DE ECONOMÍA
Instituo Radical de Políticas Públicas – H.CONVENCIÓN NACIONAL UCR

Sigamos hablando claro:

Mientras se encuentra en Argentina la Misión “Protocolar” del FMI, …Evaluación y diagnóstico de situación, a finales de agosto de 2019

El contexto lo marca, en primer lugar, la crisis desatada a partir de los inesperados resultados de las PASO del 11 de agosto pasado, la crisis “del día después”, las subsecuentes medidas económicas anunciadas por el gobierno el 14 de agosto y la designación de un nuevo ministro de Hacienda.
En segundo lugar, desde luego, la llegada de la misión “protocolar” del FMI, mientras se espera la decisión del organismo acerca de la quinta revisión del programa vinculada al desembolso esperado para mediados de septiembre, que se considera imprescindible para el cumplimiento de los pagos programados hasta fin de año, que totalizan unos US$ 20.000 millones.

A fines de febrero, esta Comisión de Economía, ya se había expedido en tono crítico acerca de las perspectivas que entonces se vislumbraban respecto de la marcha de la economía en general y el acuerdo con el FMI en particular.

Hablando con claridad, se dijo entonces: “De hecho….todo indica que aún no ha tocado fondo la caída de la actividad económica: todos los índices relevantes, desde la producción industrial a la construcción, pasando por el consumo de semidurables e incluyendo los ítems básicos de la canasta familiar, han seguido cayendo….esto preanuncia que las expectativas de un rebote en marzo son totalmente infundadas, y es muy probable que, lejos de rebotar, siga el desplome de los indicadores por lo menos hasta abril.
Marzo será, probablemente, la prueba de fuego para la estrategia de profundizar el ajuste fiscal y sobrecumplir los compromisos con el FMI a toda costa.
Todo indica que, sin un verdadero plan económico que garantice el empleo y fomente el crecimiento y las exportaciones genuinas, va a ser muy difícil mantener el clima socioeconómico bajo control.
Esto preanuncia dificultades para la cuarta revisión del programa del Fondo, y habrá que ver cómo hace el equipo económico para balancear su obsesión por las metas del programa, con la realidad de una recesión profunda que no va a aflojar, con su secuela de aumento de la desocupación y el crecimiento de la pobreza de los sectores más desposeídos.”

Lamentablemente, estas advertencias no fueron escuchadas, pero resultaron ser acertadas. Vale la pena entonces, hablando con la misma claridad, expedirse acerca de la situación actual de la economía y el programa con el FMI.
Está claro que la sociedad ya se ha expedido al respecto, tal como queda evidenciado en los resultados de las PASO. Pero es preciso destacar algunos aspectos, desde la óptica del mandato de esta Comisión de Economía.
El gobierno ha continuado con su estrategia de sobrecumplir los compromisos del Acuerdo Stand-By, aún a costa de profundizar la recesión y la caída de todos los indicadores socioeconómicos. En su momento advertimos acerca de los dudosos beneficios de este sobrecumplimiento de metas a toda costa; esta semana ha quedado demostrado que esa estrategia no ha redundado en ningún beneficio palpable, ni siquiera ante el FMI.
El esperado desembolso de septiembre no ha sido aún confirmado, y lo más probable es que se demore y que, cuando ocurra, sea por un monto menor a las US$5.400 millones que espera el gobierno.

Otra vez, y más allá de las expectativas de campaña de Marcos Peña que apuesta a “revertir los resultados”, todo indica que sigue el deterioro de la economía real, luego del breve respiro brindado por la relativa estabilidad cambiaria de mayo y junio y las medidas de estímulo al consumo intentadas por el gobierno, que no impidieron sin embargo que continuara la caída de la actividad económica y siguieran cayendo los indicadores socioeconómicos.

La “crisis del día después” desnudó la realidad.

La tendencia a una gradual reducción de la inflación que con gran esfuerzo se había alcanzado con el 2% de julio se ha revertido, y las estimaciones más optimistas preanuncian entre 5 y 6 % para agosto y de 6 a 7% para septiembre, estableciendo además un peligroso arrastre inflacionario para lo que queda del año.

Este arrastre tendrá serias consecuencias en las políticas macroeconómicas para 2020, cualquiera sea el triunfador en las elecciones de octubre. Las expectativas de un ligero crecimiento del PBI en el segundo semestre no solo no se cumplirán, sino que deberán reemplazarse por la realidad de una caída del PBI por segundo año consecutivo.

El costado fiscal ofrece nuevas preocupaciones, ya que la recaudación tributaria sigue respondiendo pobremente al crecer nominalmente por debajo de la inflación; el tan anunciado objetivo del equilibrio fiscal para fin de año ahora se ve comprometido por las medidas recientes, cuyo costo se estima en alrededor de medio punto del PBI y, para colmo, parte de esas medidas, en especial la reducción del IVA sobre algunos productos básicos—cuya implementación es, además, técnicamente muy cuestionable—ha provocado un conflicto con los gobernadores que ven afectados sus propios equilibrios fiscales, sin mencionar sus propios objetivos políticos.
Las Economías Regionales se encuentran al borde del colapso, y las PyMes no tendrán más remedio que seguir financiándose con el fisco ante la falta de capital de trabajo y las tasas nominales de más del 70% que usa el Banco Central en su intento de anclar el dólar; los anuncios de la AFIP sobre la suspensión de las ejecuciones fiscales a las PyMes por tres meses son realistas y necesarios, pero constituyen apenas un paliativo, ya que las deudas de todos modos se acumularán y, de una u otra manera, habrá que afrontarlas.
Los atrasos en los pagos por parte del Estado agregan otra variable a esta combinación explosiva; esta es otra faceta del celo por sobrecumplir el compromiso fiscal, que se evidencia en el muy fuerte recorte que practicó Hacienda en todos los presupuestos—además acompañado por una notoria subejecución de los mismos—las demoras, suspensiones y hasta cancelaciones en ciertas obras de infraestructura en el interior del país (uno de los caballitos de batalla de la campaña del gobierno) y los atrasos en los pagos a proveedores que siguen creciendo y provocando dificultades en la cadena de pagos.

Otra dimensión que no puede soslayarse es la del crecimiento de la deuda y su sustentabilidad. El propio FMI realizó un análisis al respecto en julio pasado, con conclusiones más que preocupantes. El escenario más optimista de dicho estudio, que ya ha sido superado por la realidad de lo acontecido entre el 12 y el 20 de agosto, planteaba un nivel de endeudamiento de un 88,5% del PBI (contra un 52,6% del PBI a diciembre de 2015). La devaluación del peso, con la consiguiente reducción en el PBI denominado en dólares, y el hecho de que al año cerrará ya no con un ligero crecimiento del PBI, sino con una contracción no menor al 1 %, hacen que este escenario “optimista” deba dejar lugar a uno más realista, donde la deuda se ubicaría por encima del 110% del PBI (cabe recordar que las propias normas del FMI para el nivel de deuda para los países emergentes estipulan que esta no supere el 70% del PBI para ser considerada “sustentable”).

Volviendo al programa del FMI, la situación descripta requiere un análisis en varias dimensiones; desde el punto de vista estrictamente técnico, no debiera haber dificultades para lograr la aprobación de los desembolsos para la quinta revisión, ya que el anterior equipo económico concentró todos sus esfuerzos en sobrecumplir las metas para el segundo trimestre y así asegurarse el financiamiento para el crucial período septiembre-noviembre. Como ya se señalara, toda vez que el programa es, apenas, un programa fiscal estricto acompañado de un componente incompleto de un programa monetario, el impacto negativo en la Economía Real de esta estrategia de sobrecumplimiento no está contemplado ni tiene mecanismos de medición. Tal como advirtiéramos, el cimbronazo de las PASO dejó en evidencia la futilidad del ajuste que se llevó a cabo, en ausencia de un verdadero Programa Económico que balancee los costos del ajuste y atenúe el impacto socioeconómico de las duras medidas que se tomaron para sobrecumplir las metas con el FMI. El costado monetario también se cumplió nominalmente, aunque el 12 de agosto mostró que la estabilidad del tipo de cambio era un espejismo, y no se pudo impedir el inevitable y esperado traslado al dólar de todos los fondos disponibles por parte de las empresas y entidades financieras después de los resultados negativos para el gobierno.

Pero la dimensión que más preocupa no es la estrictamente técnica, sino la política: en términos prácticos, más allá de las metas a fines de julio, el programa debe hoy analizarse mirando a futuro, y el escenario ha cambiado por completo, no solo por el cambio de expectativas políticas, sino también porque las incertidumbres en la principales variables son tantas que hacen inevitable una renegociación, tanto de las metas como de los desembolsos y, más importante aún, los reembolsos al Fondo a partir de 2021. Ya se ha mencionado en diversos ámbitos la posibilidad (o necesidad imperiosa…) de pasar del actual Stand-by a un programa de facilidades extendidas (EFF), para poder reprogramar los reembolsos al Fondo en un plazo más largo que dé tiempo para retomar la senda del crecimiento. Y es aquí donde se debe plantear la pregunta: quién, cuando y cómo renegocia este acuerdo con el FMI? Es evidente que el actual equipo económico no podrá, por sí solo, encontrar las respuestas a los interrogantes planteados más arriba, que son los que deberá responder ante la misión del FMI—la de revisión, no la “protocolar” que arribó al país el 24 de agosto.

En conclusión, el deterioro de la situación económica es tal, que hace necesaria una Convocatoria a un amplio Acuerdo Político, Económico y Social que permita garantizar un tránsito razonable hasta las elecciones de octubre y una transición ordenada hasta diciembre, sean cuales fueren los resultados de las mismas. Será necesario, sobre la base de este acuerdo amplio, negociar con el FMI los desembolsos de septiembre y diciembre, pero, sobre todo, la continuidad del programa a partir del 10 de diciembre.

CABA, 26 de agosto de 2019

Dr. Jorge SAPPIA
Presidente
HCONVENCIÓN NACIONAL UCR

Ing. Miguel I. PONCE
Coordinador
COMISIÓN DE ECONOMÍA – IRPP
HCONVENCIÓN NACIONAL UCR